El Gobierno impulsará el coche eléctrico subiendo el impuesto de matriculación

El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende impulsar los vehículos eléctricos con una reforma fiscal que supondría elevar el impuesto de circulación a los coches y las furgonetas que emitan dióxido de carbono (CO2). Así se recoge en el borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que es la hoja de ruta de España para cumplir los objetivos climáticos en coherencia con el Acuerdo de París.

El departamento dirigido por Teresa Ribera ha actualizado el borrador del Plan, que envió a la Comisión Europea en el primer trimestre del año pasado. El Ejecutivo comunitario planteó recomendaciones que están incluidas en la nueva versión del documento, el cual también recoge las alegaciones recibidas en el proceso de consulta pública abierto en febrero de 2019.

Transición Ecológica ha abierto el periodo de información pública del Estudio de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del borrador actualizado del Pniec 2021-2030. El plazo para presentar alegaciones concluye el próximo 25 de marzo. Se trata del último trámite antes de su envío a la Comisión Europea, que debe aprobarlo definitivamente.

El borrador actualizado del Pniec 2021-2030, al que tuvo acceso Servimedia, incluye un capítulo dedicado al impulso del vehículo eléctrico en indica que "el Ministerio de Hacienda analizará la conveniencia y viabilidad de una reforma fiscal en el sector del automóvil" en la que podría considerar la reforma del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (Iedmt) o impuesto de matriculación para "actualizar los umbrales de emisiones de CO2 a partir de los cuales se abona el impuesto", así como de otros a la compra o el uso del vehículo.

"La reforma permitiría adelantar la paridad de precio entre vehículos térmicos y vehículos eléctricos, lo que contribuiría a acelerar la penetración de estos últimos por encima de las exigencias del nuevo Reglamento de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas ligeras, orientando al ciudadano hacia la compra de vehículos de cero emisiones", apunta el Plan. El objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía del parque automovilístico, ya que la proporción de vehículos eléctricos es aún muy baja (54.079 unidades en 2018).

 

Menos emisiones en 2030

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico eleva al 23 por ciento el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 con respecto a 1990, lo que supone dos puntos porcentuales más de lo que inicialmente comunicó a la Comisión Europea, según se recoge en el borrador actualizado del Pniec.

Las medidas del documento permitirían alcanzar estos objetivos en 2030: un 23 por ciento de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 (dos puntos porcentuales más que en la primera versión del plan); un 42 por ciento de presencia de renovables en el uso final de la energía (frente al 20 por ciento de 2020); un 39,5 por ciento de eficiencia energética, y que el 74 por ciento de los kilovatios-hora consumidos en generación eléctrica sean de origen renovable.

El borrador actualizado del Plan indica que las inversiones, el ahorro de energía y un mix con energías renovables más asequibles posibilitarán que el PIB español aumente en un 1,8 por ciento en 2030 en comparación con un escenario en el que no se tomen medidas de lucha contra la crisis climática.

Transición Ecológica pronostica que el empleo neto vinculado a clima y energía aumente entre 250.000 y 350.000 personas en 2030 (un 1,7 por ciento más que si no se toman las medidas incluidas en el Plan), lo que supone reducir la tasa de desempleo entre un 1,1 por ciento y un 1,6 por ciento adicional.

Además, calcula que se movilizarán 241.400 millones de euros entre 2021 y 2030 para el impulso de las renovables, medidas de ahorro y eficiencia, y trabajos de electrificación y redes. El 80 por ciento de estas inversiones serían privadas y el 20 por ciento restante procederían de las administraciones públicas, incluyendo financiación europea.