domingo. 05.02.2023

El Gobierno multará a las autonomías que gasten más de lo establecido por ley

Niega que necesiten el visto bueno previo del Ejecutivo para aprobar sus cuentas.
La vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

«El Gobierno no dirá a las comunidades autónomas cómo tienen gastar sus presupuestos, pero sí el dinero que tienen para gastar». Soraya Sáenz de Santamaría resumió con esta frase la filosofía de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas cuyo anteproyecto estudió ayer el Consejo de Ministros.

Un criterio que se aleja de lo esbozado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien anunció que el Gobierno aprobaría en marzo una norma que obligaría a los gobiernos regionales a pasar un control previo para poder aprobar sus presupuestos. Una idea que provocó un aluvión de críticas, sobre todo desde territorios no gobernados por el PP aunque también desde comunidades regidas por los populares, y que al final ha quedado descartada.

La ley que ultima el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, emana de la reforma constitucional que aprobaron PP y PSOE al final de la legislatura pasada e incluirá sanciones a los gobiernos autonómicos que incumplan los techos de gasto o los compromiso de déficit que se pacten en el Consejo de Política Fiscal.

El Gobierno afirma que respetará la autonomía de los ejecutivos regionales y locales, pero deja menos margen de maniobra a esos gobernantes porque los presupuestos de cada administración pública deberán acompañar la equivalencia y el déficit o superávit en términos de contabilidad nacional, un criterio que hasta ahora sólo cumplía el Estado. Las cuentas públicas deberán recoger información sobre niveles de endeudamiento, inversiones de empresas públicas, datos de evolución de la deuda pública, avales otorgados, obligaciones no imputadas al presupuesto y compromisos de gasto derivados del fórmulas de pago aplazado.

El anteproyecto de esta ley, que el Gobierno analizará el martes con todos los consejeros de Economía, incluye la obligación para todas las administraciones públicas de presentar equilibrio o superávit presupuestario al final de cada ejercicio.

El Gobierno multará a las autonomías que gasten más de lo establecido por ley
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