El Gobierno ofrece un estatuto «a medida» a Cataluña para suavizar el no a la consulta
El ministro Iceta defiende que el Estado de las autonomías permite hacer «trajes a medida» y no descarta otras medidas
Pedro Sánchez detrás de Garamendi ayer en la Moncloa durante la firma del pacto de pensiones. BALLESTEROS
Pedro Sánchez no logró el miércoles el efecto que esperaba con su «nunca jamás» a un referéndum de autodeterminación. Ni la oposición le creyó ni, lo que en estos momentos es casi más inconveniente para él, lo hicieron los independentistas catalanes, con los que en septiembre pretende abrir una negociación. Ayer, sin embargo, aseguró que, en esto, no cambiará de opinión y esgrimió tanto razones prácticas, que los números no dan para una reforma constitucional, como de principios.
Los giros en el discurso del jefe del Ejecutivo en relación al secesionismo han sido tan frecuentes en los últimos años que ahora pocos dan por buenas sus palabras. En una entrevista en La Sexta, no negó que ha ido evolucionando en cuestiones como la concesión de los indultos a los líderes del ‘procés’ pero argumentó que en todas sus pasos hay un hilo conductor. «Siempre he tomado decisiones a favor de la convivencia», se defendió.
Sánchez adujo que tiene muy claro que un referéndum sobre la independencia de Cataluña sería nocivo para la sociedad catalana. «Uniría a todos un día, para votar, pero al día siguiente la fractura se vería agravada», dijo. Según su discurso, en cambio, aunque los indultos habrían tenido un efecto pernicioso hace año y medio, cuando las calles de Cataluña estaban «incendiadas» por las protestas de los radicales contra la sentencia del Supremo, ahora, cuando, según él, nadie habla de «quebrantamiento de la legalidad democrática», ayudan a «reparar heridas».
Lo que no avanzó, en cualquier caso, es cuál será su propuesta para salir del bucle del ‘procés,’ pero el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, sí dio en una entrevista en Catalunya Ràdio alguna pista.
En realidad, los socialistas tienen elaborada desde hace años una hoja de ruta plasmada en la ‘Declaración de Granada’, un acuerdo alcanzado en 2013 por Alfredo Pérez Rubalcaba y los líderes territoriales del partido, y en la ‘Declaración de Barcelona’ de 2017, suscrita por las ejecutivas del PSOE y el PSC. A grandes rasgos, lo que se propone en amnos documentos es una reforma de la Constitución para «perfeccionar» el modelo autonómico en «clave federal».
Las principales reformas relacionadas con el título VIII implicarían clarificar la distribución de competencias, el reconocimiento de los «hechos diferenciales», la sustitución del Senado por una Cámara de representación territorial con iniciativa legislativa, el reforzamiento de las facultades del Estado para asegurar la igualdad de los españoles en sus prestaciones básicas; la constitucionalización de los instrumentos de cooperación entre el Estado y las comunidades, y un nuevo modelo de financiación referenciado en el federalismo alemán.
A la reforma constitucional le seguiría después la de los estatutos de autonomía. Habría pues, en el caso catalán, no uno sino dos referéndums: el de ratificación de la nueva Carta Magna —de ahí que Sánchez repita eso de «si vivimos juntos decidimos juntos»— y el de ese nuevo Estatut (por eso Iceta habló ayer de votar un nuevo acuerdo sobre el autogobierno y la financiación catalana). Aun así, el ministro de Política Territorial se adentró en un terreno en el que la Moncloa, por el momento, no quiere ahondar porque considera que ahora es a la Generalitat a la que le toca demostrar voluntad de diálogo con gestos hacia los catalanes no independentistas.
Iceta, también primer secretario del PSC, siempre ha ido un paso por delante en este debate y, no en vano, fue el primero en defender los indultos, para desesperación del equipo de Sánchez, ya en 2018. Ayer, defendió que el Estado de las autonomías permite hacer «trajes a medida» y apuntó que hay voces que defienden que Cataluña vea reconocidas sus especifidades en una disposición como la adicional primera de la Constitución sobre los derechos forales del País Vasco y Navarra, la que ampara el Concierto Económico y el Convenio, pero matizó igualmente que el Gobierno no tiene una «postura cerrada» al respecto y que la solución a la que se llegue debe contar con un amplio acuerdo.