Diario de León

El Gobierno pide a Murcia la retirada del ‘pin parental’ en los colegios

Permite a los padres decidir si sus hijos acuden o no a actividades complementarias en el colegio

La ministra de Educación, Isabel Celaá.

La ministra de Educación, Isabel Celaá.

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Se abre un nuevo frente entre el Gobierno y la derecha. El compromiso de PP y Ciudadanos en la Región de Murcia de mantener el llamado ‘pin parental’ en los colegios para lograr el apoyo de Vox a los próximos presupuestos autonómicos provocó ayer la reacción del Ejecutivo. El gabinete de Pedro Sánchez avanzó que no permitirá que esta medida continúe vigente y envió un requerimiento para su inmediata retirada. De lo contrario, acudirá a los tribunales. «Va directamente contra los valores constitucionales», remarcó la ministra de Educación, Isabel Celaá.

El ‘pin parental’, una de las propuestas que más ha reivindicado Vox, permite a los padres decidir si sus hijos acuden o no a actividades complementarias que se imparten en el colegio. Así, por ejemplo, talleres varios o charlas sobre educación sexual, feminismo o de diversidad LGTBI requerirían una autorización expresa. El Gobierno cree que se trata de «una objeción de conciencia encubierta» que no está contemplada en la legislación española, por lo que impugnará su aprobación. «Vulnera el derecho fundamental a ser educado», justificó Celaá.

Esta iniciativa, que fue una de las condiciones que Vox impuso para respaldar la investidura del popular Fernando López Miras, se aplica en los colegios murcianos desde principio de curso. La Consejería de Educación trasladó en verano a los centros educativos una instrucción en la que se solicitaba que las familias tuvieran conocimiento de aquellas actividades que fueran «a ser impartidas por personas ajenas al claustro» para que los padres pudieran manifestar su conformidad o no con las mismas. Aunque la medida lleve meses aplicándose, volvió a quedar incluida en el acuerdo presupuestario que alcanzó el PP, Cs y Vox. La formación naranja, sin embargo, matizó su apoyo y solicitó «estudiar la posible paralización» del ‘pin parental’ hasta que se aclare su legalidad.

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