El Gobierno pide al TC apercibir a la Generalitat a días de la sentencia del ‘procés’
p.d.l.h./c.r. | madrid/barcelona
El Gobierno sigue mandando mensajes de firmeza en vísperas de que el Tribunal Supremo haga pública la sentencia del juicio del ‘procés’. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, anunció ayer que planteará al Tribunal Constitucional dos nuevos incidentes de ejecución de sentencia (el viernes pasado ya presentó otras dos impugnaciones) contra distintos puntos de la resolución aprobada por el Parlament el pasado 27 septiembre, durante el debate de política general, en la que se proclamaba el derecho de autodeterminación como modo de acceder a la soberanía del pueblo de Cataluña y se defendía la «legitimidad de la desobediencia civil e institucional».
Si en las impugnaciones presentadas la semana pasada se solicitó al máximo garante de la Carta Magna que apercibiera al presidente del Parlament, Roger Torrent, al secretario general y al resto de miembros de la Mesa de las responsabilidades penales en las que incurrirían en caso de dar desarrollo a alguna de las cuestiones ya suspendidas previamente por la corte de garantías -cosa que el tribunal hizo este mismo jueves-, en esta ocasión, el Gobierno solicita que ese mismo requerimiento se haga al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a todo su Ejecutivo.
En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez entiende que en la resolución impugnada, y publicada en el Boletín Oficial del Parlament el viernes pasado, se apela a las instituciones a «ignorar las normas» y se hace caso omiso a dos sentencias previas, una de 2015 y otra de 2018.
Mas y Rufián
La batalla interna que se libra en el independentismo ha llevado a que dos dirigentes que en principio defienden posiciones muy distintas coincidieran ayer. Son Artur Mas, expresidente de la Generalitat y dirigente del PDeCAT, y Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso. Ambos se han desmarcado de la línea dura que impone Carles Puigdemont desde Waterloo y que ha verbalizado esta semana Toni Comín.
El exconsejero, huido en Bruselas junto a Puigdemont, abogó en El Periódico por buscar el «desgaste económico del Estado» tras la sentencia del ‘procés’, aunque eso provoque sacrificios personales para los catalanes en forma de pérdida de empleos.