El Gobierno se planta y exige al PP que renueve el CGPJ sin ninguna condición

Ni uno ni otro aflojan. Pablo Casado no solo no desiste de su exigencia de acometer una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para que sean los jueces quienes elijan a una parte de sus vocales como condición previa para sentarse a negociar la renovación de ese órgano, sino que ayer dejó claro que no le valdrá el mero compromiso de los socialistas de discutir el asunto en el futuro. «No nos fiamos», alegó un día después de que el responsable de Justicia de su partido, Enrique López, insinuara que la renovación con la actual ley y la reforma para próximos consejos podrían llevarse a cabo en paralelo. El PSOE rechaza el cambio de modelo, ahora o más adelante.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, contestó a Casado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con una mensaje que zanja toda posibilidad de promover reforma legislativa alguna, algo que, según insisten fuentes gubernamentales, no entra ni mucho menos entre sus planes como ya demostró el jueves pasado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. «Creo que hay que ser rotundos: basta ya —dijo la también ministra de Política Territorial—. No hay excusas que avalen tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de mil días. Y esto es todo cuanto tiene que decir el Gobierno».

En Moncloa no sentó bien que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, repartiera por igual entre los dos grandes partidos las culpas de la situación de bloqueo. La propia Rodríguez había reprochado antes de oírle que se hagan críticas «equidistantes». Aun así, el Ejecutivo evitó ayer hacer recriminación alguna. Ni por ese tirón de orejas ni por los que le propinó Lesmes a cuenta de la reforma acometida para limitar la capacidad del CGPJ de hacer nombramientos cuando está en funciones o por su defensa de los indultos del ‘procés’ como actos contra la «venganza».

Los socialistas quieren evitar a toda costa cualquier afirmación que pueda poner en cuestión su respeto a la independencia judicial y, en esa línea, Rodríguez también se desmarcó de quienes, como la asociación progresista Jueces y Juezas por la Democracia, piden al presidente del Poder Judicial que dimita. «Aquí quien tiene una responsabilidad es el señor Casado; son ya más de mil días (sin renovación)», insistió. «El señor Lesmes tiene sus opiniones pero existe una separación de poderes y tenemos que respetarla», añadió además.

Ni reunión ni llamadas

Casado se había revuelto horas antes contra la acusación del Gobierno de que es su partido el que «bloquea totalmente» la negociación y había insistido en que el CGPJ se puede renovar hoy mismo si el Ejecutivo respalda en el Congreso el cambio en el sistema de elección de sus vocales. Una reforma que, adujo, puede hacerse en un mes y medio. Sería terminar de negociar los nombres de los vocales que ya tienen muy avanzados mientras que en la Cámara baja se tramita por la vía de urgencia la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial.

El pronunciamiento del comisario europeo de Justicia, el socialista Didier Reynders, hace unos días subrayando la necesidad de otorgar más papel a los jueces en la renovación de su órgano de gobierno ha dado alas al PP, que, en parte, ve confirmadas sus exigencias. «Ya no podemos renunciar a nuestros principios, si ya son también los de la Unión Europea», aseveró el líder de los populares.

Casado, que a punto estuvo de cerrar un acuerdo con el modelo en vigor el pasado mes de febrero; acuerdo truncado ante la negativa del PSOE a renunciar a la designación del juez José Ricardo de Prada, propuso a Sánchez una reunión «inmediata» para abordar el cambio que propone. «Estamos dispuestos a renovarlo mañana mismo, pero exigimos lo mismo que exige la Constitución y los estándares europeos», dijo el jefe de la oposición, que se preguntó por qué Pedro Sánchez quiere controlar a los jueces. La portavoz del Gobierno dejó claro, sin embargo, que el presidente no se plantea ni convocar a Casado a la Moncloa ni llamarlo por teléfono. «Creo que nadie tiene que llamar a ningún español o española para cumplir la Constitución. Todos estamos obligados», zanjó.