El Gobierno plantea hacer el impuesto a las grandes fortunas permanente
Montero lo supedita a que las autonomías del PP acepten armonizar el impuesto de Patrimonio
Feijóo saluda a Juanma Moreno ayer, en El Grove. LAVANDEIRA JR
El impuesto a las grandes fortunas que prepara el Gobierno no es una medida de respuesta a la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Al menos, no solo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió ayer abiertamente que tras la decisión de aprobar esa figura impositiva, que gravará riquezas superiores a los 3 millones de euros, subyace la intención de condicionar el debate sobre la armonización del Impuesto de Patrimonio en el marco del próximo sistema de financiación autonómica. Un debate que enfrenta a los socialistas con comunidades del PP. De hecho, no cerró la puerta a que lo que ha sido concebido como un instrumento temporal se mantenga en vigor más allá de los dos años anunciados.
El impuesto al que el Ejecutivo ha decidido llamar «impuesto de solidaridad» dejará en la práctica sin efecto las bonificaciones que, en el ejercicio de sus competencias, han aplicado sobre Patrimonio comunidades como Madrid y Andalucía (en las que no hay que pagar nada) o Galicia (que ha hecho una reducción del 50%). Es una armonización ‘de facto’. De modo que, llegado el momento de negociar el nuevo sistema, pendiente desde hace ya ocho años, las autonomías se encontrarán con un mensaje claro del Gobierno: o recaudas tú o recaudo yo, pero impuesto habrá.
«Yo espero que en los próximos años podamos tener un debate sosegado con las comunidades autónomas acerca de si ellas quieren ostentar las competencias sobre lo que hasta ahora era el Impuesto de Patrimonio —dijo de forma explícita la ministra en TVE-1— o si prefieren que esa figura fiscal esté fuera de la financiación autonómica y se sustituya por otra que radique en otro entorno en el que no se produzca confrontación entre autonomías ni esa carrera fiscal que nos lleva hacia ninguna parte».
En el fondo de la cuestión está una disputa que viene de lejos y que tiene su epicentro en Madrid, comunidad gobernada por el PP desde hace más de 32 años. Comunidades como la valenciana (una de las principales perjudicadas por el actual modelo de financiación) o Cataluña, que especialmente desde el desafío soberanista de 2017 ha visto cómo se producía un éxodo de empresas que cambiaban su sede social, echan en cara a Gobierno madrileño que desarrolle una política agresiva de reducción de impuestos. Alegan que si se la puede permitir es gracias al ‘efecto capitalidad’ y lo acusan de competencia desleal.
El Gobierno ya se había comprometido con ERC hace dos años, durante la negociación presupuestaria, a armonizar el impuesto de Patrimonio para combatir eso que consideran un ejercicio de ‘dumping’ fiscal. Pero Montero alegaba que no veía adecuado afectar a un tributo cedido a las comunidades autónomas de manera aislada y que el asunto debía abordarse en el marco de la reforma del sistema de financiación, cuya negociación permanece atascada desde hace más de diez años. Ahora, ha buscado una fórmula alternativa.
Este giro de guión, que ha llevado a Hacienda a crear un tributo promovido inicialmente por Unidas Podemos y descartado hace poco más de tres meses por los socialistas, llega después de que Pedro Sánchez decidiera dar un volantazo a la izquierda para intentar movilizar a sus votantes tras el batacazo de su partido en los comicios andaluces.
Pero el detonante fue, hace diez días, el anuncio del presidente andaluz, Juanma Moreno, de que también eliminaría el impuesto de Patrimonio. El Gobierno lo percibió como una oportunidad para llevar la batalla política al terreno fiscal, a apenas ocho meses para las elecciones autonómicas y municipales, y se apresuró a atornillar su discurso de que el PP sólo piensa en los ricos. El conflicto está servido.
La Comunidad de Madrid, que tiene ya un largo historial de desencuentros con el Ejecutivo de Sánchez, entiende que el Gobierno cercena su autonomía fiscal y ya ha anunciado que estudiará si cabe recurso al Constitucional. «Tenemos que defender las bajadas de impuestos de la Comunidad frente a este golpe que lo único que va a conseguir —adujo el jueves el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty— es que haya capital, patrimonio e inversiones que en vez de quedarse en España, en Madrid, se marchen a otros países donde encuentren a otros gobiernos que no tengan la voracidad fiscal que tiene este».