lunes 24/1/22

Gobierno y PP se acusan de querer influir en el Supremo por los indultos del ‘procés’

Los populares censuran a Pilar Llop por decir que ve «bastante improbable» que el alto tribunal anule las medidas de gracia
Pedro Sánchez durante una rueda de prensa en Madrid. JUANJO MARTÍN

«Inapropiadas» e «irresponsables». Así calificó ayer el PP las declaraciones realizadas por la ministra de Justicia, Pilar Llop, este fin de semana en las que consideraba «bastante improbable» que el Tribunal Supremo vaya a anular los indultos concedidos a los líderes independentistas del ‘procés’. Los populares, que al igual que Vox y Ciudadanos impugnaron la medida de gracia ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, exigieron al Gobierno que no se «inmiscuya» en el proceso ni trate de influir en los magistrados del alto tribunal. «Si hay un ministro que no debe opinar sobre las decisiones judiciales es el de Justicia», censuró el secretario de Justicia e Interior, Enrique López. «Quizá quien sí quiere influir es quien está diciendo que yo tengo alguna intención de influir», contraatacó la expresidenta del Senado.

En los últimos meses, la formación que lidera Pablo Casado convirtió la medida de gracia en el tema central de su tarea de oposición. Día tras día reclamó la convocatoria de elecciones aupado por sondeos que le colocaron primero y que los conservadores consideraron un aval a su estrategia.

En la dirección nacional del PP están convencidos de que si el Supremo anula los indultos será la puntilla del Gobierno. Y la legislatura habrá terminado. Entre otras cosas porque, sospecharon que, Pedro Sánchez no podría cumplir los compromisos «secretos» que, creen, tiene con los soberanistas.

De ahí que el principal partido de la oposición no quiera ninguna «injerencia» de la ministra de Justicia ni de ningún otro miembro del Ejecutivo ante una decisión «tan importante». «El Gobierno no puede inmiscuirse ni profetizar sobre lo que van a hacer los tribunales», alertó la vicesecretaria general de Política Social del PP, Ana Pastor, que exigió a Llop que deje a los jueces que «actúen con independencia».

La ministra, que tomó posesión de su cargo hace apenas un mes en sustitución de Juan Carlos Campo, el artífice de los indultos a los líderes soberanistas, se revolvió contra las críticas del PP recalcando su «absoluto respeto» por unos órganos que, señaló, funcionan con total independencia.

«Quien hace esas manifestaciones seguramente desconoce cómo es el sistema judicial y la absoluta independencia que tienen los magistrados del Supremo», zanjó ayer durante la inauguración del juzgado de paz de Castrillón, en Asturias.

La legitimación, en el aire Llop recordó también que la Abogacía del Estado, que depende del Ejecutivo, alegó que existe una falta de legitimación por parte de las fuerzas políticas que presentaron el recurso. «Es una cuestión meramente jurídica y técnica», subrayó. Tampoco espera la anulación del perdón a los secesionistas la ministra de Defensa y exmagistrada del alto tribunal, Margarita Robles. «Sinceramente es un escenario que no contemplo», dijo en una entrevista a Europa Press.

Esa supuesta falta de legitimación de los partidos sumada a la escasa jurisprudencia existente sobre este asunto son los principales obstáculos que se encontrarán los recursos de PP, Vox y Ciudadanos, que no dan por perdida la batalla. A la espera de que la Sala Tercera dirima si tienen o no legitimación para recurrir, los populares se sintieron confiados y justificaron su derecho a acudir a los juzgados como «parte afectada y perjudicada» en la causa.

El partido de Santiago Abascal reclamó, por su parte, en exclusiva esta potestad por haber sido la única acusación popular en el juicio del ‘procés’. Una condición que tampoco le habilita directamente para impugnar la medida de gracia porque existe discrepancia sobre si las acusaciones populares de un proceso penal pueden recurrir los indultos o si solo pueden hacerlo quienes estén directamente afectados por los delitos que se indultan. Así lo entendió la Sala de lo Penal en un auto dictado en mayo en el que rechazó la petición de Vox de presentar alegaciones contra los indultos del ‘procés’.

Gobierno y PP se acusan de querer influir en el Supremo por los indultos del ‘procés’
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