Gobierno y PP colisionan por el papel de la Fiscalía con el rey emérito, el 8-M y Trapero
El PP ve la mano del Gobierno detrás de las últimas actuaciones de la Fiscalía con el rey Juan Carlos, la causa del 8-M y la acusación al mayor de los Mossos José Luis Trapero. Unas sospechas que para el Ejecutivo forman parte de la estrategia de Pablo Casado para «tumbar y derrocar» a Pedro Sánchez al calor de la pandemia.
El enfrentamiento sin concesiones que mantienen Gobierno y oposición ha encontrado terreno fértil en las tres últimas decisiones del Ministerio Público. Para el PP, nada es casual con la exministra Dolores Delgado al frente de la institución. Para el Gobierno, todo es fruto de «la autonomía e independencia» de la Fiscalía. En la Moncloa no hay dudas de que el líder de la oposición pretende desalojar del poder a Pedro Sánchez al precio que sea. Recuerdan que ya en el debate de investidura en enero, Casado tachó de «ilegítimo» el Gobierno de coalición, y no lo hizo por el fragor del momento. Aquella acusación, dicen destacados miembros del Ejecutivo, fue la carta de presentación de la oposición que se avecinaba, y la pandemia de la Covid-19 ha proporcionado el caldo de cultivo adecuado.
En el PP no esconden que ven factible un adelanto electoral para el próximo año porque la gestión económica y social de las pospandemia hará saltar por los aires la coalición gubernamental. Pero este es el momento de hablar de la Fiscalía a las órdenes de la exministra socialista de Justicia, y que en 48 horas ha impulsado una investigación en el Tribunal Supremo de las presuntas actividades financieras ilícitas del rey Juan Carlos, ha pedido el archivo de la causa de las manifestaciones del 8-M y ha rebajado en la Audiencia Nacional la acusación a Trapero de rebelión a sedición en el referéndum del 1-O.
El secretario general de los populares, Teodoro García-Egea, acusó a Delgado de ser la «fiscal patriótica» al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez.
Nadie en el PP cuestiona en público, al menos hasta ahora, la decisión del fiscal del Supremo, José Ignacio Campos, de abrir una investigación al rey emérito por el supuesto cobro de comisiones ilegales por el contrato de construcción del AVE en Arabia Saudí. El mensaje oficial es que «la justicia es igual para todos». Pero en privado dirigentes populares ponen en tela de juicio «la oportunidad» del momento escogido, y el deterioro que va a acarrear para la imagen de Felipe VI y de la Corona, en un momento en que el Gobierno está respaldado por fuerzas abiertamente republicanas e independentistas. | RAMÓN GORRIAGÁN