Gobierno y PP persiguen un consenso obligado en la comisión de reconstrucción

La suma de votos de Gobierno y PP para aprobar el decreto que regirá hasta que haya vacuna o tratamiento para la Covid-19 contribuyó el jueves a frenar la espiral de tensión en vísperas del acuerdo que socialistas y populares deben alcanzar en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso. Hay terrenos, como el sanitario o el europeo, en los que el pacto se presenta más factible. Y áreas, como la económica, en la que el acercamiento solo podrá ser más genérico. Pero si en algo coinciden los dos principales partidos es que el consenso parece obligado y que, dada la dimensión de la crisis vivida y las consecuencias sociales y económicas de la epidemia, «otra cosa no se entendería». El encuentro del miércoles, a última hora, entre las delegaciones de Gobierno, PSOE y PP sembró en las filas conservadoras la impresión de que se encaminan a un acuerdo, sea cual sea su alcance. La presencia de dos representantes del Ejecutivo, como el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, acredita, a ojos de de los populares, que la Moncloa necesita el consenso, tanto o más que el principal partido de la oposición.

Un documento común tendría, según las fuentes consultadas, el valor de poder trasladar a Europa, en plena negociación del fondo de recuperación, una imagen de unidad y estabilidad, de un Gobierno con capacidad para tejer acuerdos internos. Y el PP es una pieza de la que el Ejecutivo no puede prescindir en ese escenario.

Así interpretan los populares que en el texto de conclusiones económicas de la comisión de reconstrucción, el PSOE no haya incluido el impuesto para las grandes fortunas o una referencia explícita a la derogación de la reforma laboral. De hecho, la crítica de los partidos a la propuesta socialista se centró esta semana en la falta de concreción. Sólo es la «música», defendió el PSOE. Un indicativo de que para pactar, como sostiene el PP, la negociación, que culminará este viernes, no podrá ser de «máximos». También a los populares les interesa el acercamiento tras una etapa de aridez y de discursos de censura integral al Gobierno. Por un lado, porque en el PP entienden que no pueden excluirse de la tendencia de búsqueda de acuerdos, un clamor tanto social como de los referentes económicos, empresarios y sindicatos. Y por otro, porque la comisión de reconstrucción fue la oferta de Pablo Casado a Pedro Sánchez para neutralizar la mesa de partidos que perseguía el Gobierno al estilo de los Pactos de la Moncloa. Poco sentido tendría ahora bajarse del tren. Suspicacias.

La desconfianza, sin embargo, ni se ha disipado ni parece que eso vaya a ocurrir. Buena prueba de ello es el intercambio dialéctico entre Sánchez y Casado en la última sesión de control, en la que dejaron ver la huella de meses de profundo desencuentro y cuestionaron la voluntad real de acuerdos del contrario.

La figura del jefe del Ejecutivo sigue inspirando en los populares, que tienen pendiente el impulso de una comisión de investigación por la gestión de la epidemia, recelos que poco tienen que ver con la coyuntura actual, y en la Moncloa atribuyen la desinflamación del discurso del PP en las últimas semanas a un interés táctico por la cercanía de las elecciones del 12 de julio. Esa ha sido, de hecho, la respuesta que han dado a la mano tendida de los populares.

En realidad, el factor electoral no es desdeñable en las estrategias de unos y otros. Las encuestas avisan de que la crispación penalizará en las urnas, que algunos partidos han interpretado mal las señales que envía la ciudadanía. En el caso gallego, Alberto Núñez Feijóo, con un discurso crítico con el Gobierno, en línea con el de Ana Pastor el jueves en el Congreso, pero igualmente alejado de la estridencia, acaricia una mayoría absoluta holgada. Ese resultado avalará, a juicio de dirigentes territoriales del PP, una forma de hacer política. La de la «moderación».