El Gobierno presiona al Govern para que acate la sentencia del castellano

Cambio de tercio del Gobierno central en relación a la sentencia que obliga al Govern a impartir el 25% de las asignaturas en castellano. La ministra de Educación se mostró ayer contundente y afirmó que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ratificado por el Supremo, «es de obligado cumplimiento» y en consecuencia se debe corregir el modelo de inmersión, que establece que la lengua vehicular en la enseñanza pública y concertada es el catalán.

Es justo lo contrario de lo que el consejero de Enseñanza transmitió en un primer momento. Josep Gonzàlez-Cambray reveló que en una conversación privada con la ministra de Educación, Pilar Alegría, le había comunicado que no se tendrían que ampliar las clases en castellano. También dijo que le había dado garantías de que el Gobierno no iba a tomar iniciativas para la ejecución de la sentencia.

Pero Alegría, dos días después de conocerse la decisión del Supremo de no admitir un recurso del Govern contra la sentencia y que por tanto ya es firme, ofreció una versión distinta de la que el consejero catalán trasladó el miércoles. En los pasillos del Congreso, dijo que ante una sentencia firme «no cabe debate».

«Es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública, sea la Generalitat o cualquier ciudadano. Estamos obligados a cumplir las sentencias firmes», afirmó. Desde su ministerio, apuntaron el miércoles que es el Tribunal Superior de Cataluña el que tendrá que «pedir la ejecución de la sentencia» y «vigilar» su cumplimiento. No obstante, también apuntaron que transcurridos los plazos legales establecidos, si la Generalitat no cumple la sentencia, el abogado del Estado, en representación del Ministerio de Educación, podrá intervenir, dado que fue este departamento, cuando gobernaba el PP, el que inició el proceso que ha culminado con la decisión del Supremo. Alegría no quiso precisar ayer si tomará la iniciativa para hacer cumplir el fallo judicial o si considera que la cuestión depende únicamente del tribunal juzgador.

Desde la oposición, consideran que el Gobierno actúa con tibieza en este asunto para no enfrentarse a sus socios de ERC, que le dan estabilidad parlamentaria.