El Gobierno propone en su ley ocultar hasta medio siglo los grandes secretos de Estado
El anteproyecto que hoy aprueba se sitúa en la franja más restrictiva de la UE y deja la desclasificación en manos de Bolaños
Pedro Sánchez, ayer en su gira por los Balcanes. GEORGI LICOVSKI
Los grandes secretos de Estado, esas materias que si vieran la luz antes de tiempo estarían en condiciones de provocar daños «excepcionalmente graves» para los intereses de España, podrán permanecer ocultos hasta medio siglo. Así lo determina el texto final del anteproyecto de la nueva ley de secretos oficiales que el Consejo de Ministros aprobará este lunes, en su última reunión antes de vacaciones.
El Gobierno se ha decantado, finalmente, por situarse en la franja más restrictiva de la UE y de los socios de la Otan fijando un marco temporal para la desclasificación de los asuntos más sensibles —particularmente los que afectan a la defensa y seguridad nacional— equiparable a los de los países occidentales más reticentes a levantar el velo como Francia y Alemania. El Estado galo se mueve también en un límite de 50 años para cuestiones que vulneren la defensa propia, aunque puede llegar a 100 para circunstancias que conciernen a personas concretas; en el caso alemán, la confidencialidad va hasta los 60. España se colocará, no obstante, muy por encima de los 20 años de máximo con que el Gobierno puede blindar la información delicada en el Reino Unido, los 15 que determina la ley en Italia o los 25 de reserva de los secretos oficiales en Estados Unidos.
La nueva normativa, que se va a denominar oficialmente Ley de Información Clasificada, sustituirá a la franquista normativa sobre secretos oficiales de 1968 y que faculta al Ejecutivo a mantener eternamente bajo secreto cualquier materia que considere. Según revelaron en las últimas horas altos responsables de Moncloa, el texto que llega este lunes al Consejo de Ministros no va a distar mucho del borrador que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya elaboró el pasado octubre, solo cuatro meses después de recibir la encomienda de centralizar los trabajos para la reforma que hasta entonces estaban dispersos entre Defensa, Interior, Exteriores y Justicia.
El anteproyecto establece que la desclasificación irá de los cuatro a los 50 años dependiendo de la sensibilidad de la materia que se haga pública y «pudiendo prorrogarse esos plazos en algunos casos». Habrá cuatro niveles: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los niveles se fijarán en función de la gravedad del daño que para los intereses de España pudiese provocar la difusión de los datos en cuestión (extraordinariamente grave; grave; perjudicial; o simplemente desfavorable para el país).
En la actualidad, España solo regula dos categorías de materias —secretas y reservadas—, por lo que las autoridades vienen intercambiando información sensible con sus socios de la Otan desde 1982 y con los de la UE desde 1985 sin amparo legal, usando simplemente los sellos de «confidencial» o «difusión limitada».
Los plazos del anteproyecto están muy por encima de las propuestas iniciales del PSOE. Los socialistas, estando en la oposición, enmendaron la proposición del PNV, la formación que con mayor insistencia desde hace casi un lustro ha presionado para acabar con la legislación franquista. Entonces, situaron un techo máximo para el secreto de 25 años, prorrogables a otros diez más. Ahora, el texto de Bolaños es incluso más restrictivo que el primer borrador del PP, que en su momento abogó por blindar las materias más sensibles 25 años y solo en cuestiones excepcionales ampliarlos a 50.
Responsables gubernamentales explicaron que, en realidad, el Ejecutivo no contaba con mucho margen de maniobra con los periodos de desclasificación porque esta es una materia que fijan los técnicos de la Otan. En cualquier caso, Moncloa incide en que el anteproyecto «homologará nuestra legislación sobre secretos oficiales con otros países democráticos.