El Gobierno quiere convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil

El Gobierno quiere que el Valle de los Caídos sea un cementerio de las víctimas de la Guerra Civil sin connotaciones religiosas. El cambio forma parte del proyecto de ley de Memoria Democrática, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que sustituirá a la de Memoria Histórica, refrendada por el Congreso en 2007 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La vicepresidente primera, que ha coordinado la redacción del texto, explicó que la idea del Gobierno es que el gigantesco mausoleo franquista, a 46 kilómetros de Madrid, se convierta en «un verdadero cementerio civil, de respeto y de paz de las víctimas de los dos bandos». La «resignificación» del Valle de los Caídos no será inmediata porque deberá negociarse con el resto de grupos parlamentarios en el Congreso. Pero sea cementerio civil o centro de la memoria, una alternativa que también tiene adeptos, implicará la salida de los benedictinos que gestionan desde 1957 la abadía. La permanencia de los monjes «se extinguirá automáticamente», explicó Carmen Calvo, porque su presencia no es compatible con «los fines» civiles del Valle de los Caídos.

La vicepresidenta hizo una encendida defensa del proyecto y reclamó el apoyo de todo el arco parlamentario: «Nos gustaría que nos reconociéremos todos en esta ley». Pero es un deseo que se quedará en eso porque Vox, por supuesto, no va a acompañar al Gobierno, y el PP, aunque no ha fijado su posición definitiva, tachó de «espantajo» y «comodín» al que recurre Pedro Sánchez para distraer a atención de los problemas «reales» de la ciudadanía. En los 66 artículos del texto se sientan las bases jurídicas para la ilegalización de las asociaciones que enaltezcan la dictadura y a sus figuras representativas. Un dardo dirigido a la ilegalización de la fundación Francisco Franco. Fuentes próximas a la familia del dictador apuntaron ayer la posibilidad de trasladar la sede de la fundación fuera de España.

El proyecto también incluye la creación de una Fiscalía en el Tribunal Supremo para atender las reclamaciones de los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. La configuración de un banco nacional de ADN para recibir y almacenar huellas genéticas de víctimas y familiares para la identificación de los restos que se exhumen. Elaborar un registro de los bienes expoliados por el franquismo. Pero quizás la medida que será mejor acogida por las asociaciones de memoria histórica es que el Estado se va a hacer cargo de las excavaciones para encontrar los restos de los desaparecidos y elaborar un mapa de las fosas. Desde 2000 a 2018 se han recuperado 9.009 cuerpos en 743 exhumaciones, según un estudio de la profesora Lourdes Herrasti de la Universidad del País Vasco.

El proyecto, entre sus numerosas disposiciones, pretende que se declaren «nulos» los juicios, consejos de guerra y sentencias en los procesos políticos de la dictadura. Ente ellos, el del expresidente de la Generalitat de Cataluña Lluis Companys, fusilado en 1940. Pplantea asimismo suprimir todos los títulos nobiliarios concedidos por la dictadura y por el rey Juan Carlos a personas vinculadas políticamente con la dictadura,