El Gobierno quiere echar a los migrantes de Canarias
España intenta convencer a Marruecos, Argelia y Senegal
Personas migrantes llegadas en cayuco en la madrugada del lunes a Canarias. RAMÓN DE LA ROCHA
El Gobierno fía gran parte de su estrategia para hacer frente a la crisis migratoria a las repatriaciones de los inmigrantes llegados a Canarias de forma irregular, cuyo número se ha disparado hasta más de 16.000 a lo largo de 2020.
El ministro de Movilidad y Transporte, José Luis Ábalos, reconoció este lunes que el Ejecutivo «está trabajando» en este sentido con los países con los que España tiene convenios, como Marruecos, Argelia o Senegal, de donde provienen gran parte de estos desplazamientos.
En Moncloa asumen que las llegadas de inmigrantes al archipiélago canario «aumentarán» en los próximos meses como consecuencia de los estragos económicos que está causando la pandemia en los países de origen y buscan evitar que la situación pueda convertirse en un polvorín social y político. La solución que maneja el Gobierno es la de «mantener una migración regular y controlada» y repatriar, por contra, la irregular, como adelantó Abalos en rueda de prensa tras la Ejecutiva del PSOE, en la que también afirmó que las carpas instaladas desde el viernes en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura para dar acogida a 7.000 personas «tendrán un carácter temporal».
VOX PIDE UN BLOQUEO NAVAL
El también secretario de Organización de los socialistas respondió a las críticas del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que había exigido al Ejecutivo la «repatriación inmediata» de los inmigrantes. «No tengo tan claro cómo se hace eso inmediatamente. Para que haya repatriación tiene que haber acuerdo de las autoridades que tienen que aceptar esta repatriación», respondió Abalos. Más crítico con el líder popular fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que directamente le acusó de tener «pequeño conocimiento sobre la inmigración».
Entre el ruido provocado por la situación, Vox quiso alzar su voz más que el resto y su portavoz, Jorge Buxadé, propuso «un bloqueo naval» por parte de la Armada para frenar lo que calificó de «invasión». Para ello, el partido de ultraderecha ha pedido en el Congreso la activación de la Ley de Defensa Nacional.