jueves. 01.12.2022

El Gobierno reconoce que no podrá sacar de la «impunidad los crímenes del franquismo»

El PSOE y sus socios de Podemos rebajan el alcance de la enmienda para investigar los ataques de lesa humanidad

La enmienda del PSOE y Unidas Podemos a la ley de la memoria del Gobierno en la que se hace alusión al modo en el que debe interpretarse la Ley de Amnistía de 1977 no cambia nada. No lo dice sólo Esquerra Republicana de Catalunya, a la que el Ejecutivo, necesitado de apoyos parlamentarios, aspiraba a seducir. Lo reconoció ayer el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el responsable del proyecto de ley remitido al Congreso el pasado mes de julio .

El texto pactado entre los dos socios del Gobierno para salvar la que consideran una de sus leyes emblemáticas establece lo siguiente: «Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

Unidas Podemos defendió el miércoles, a través del secretario general del PCE y secretario de Estado de agenda 2030, Enrique Santiago, que la propuesta da «pasos muy sólidos» para que los crímenes del franquismo «salgan de la impunidad», aunque reconoció que sus efectos, en términos cuantitativos, pueden ser limitados dado que la mayor parte de sus autores ya han fallecido. Su lectura, sin embargo, choca con la del ministro y hombre de máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un intento de ahogar las críticas vertidas desde el PP —que acusó al Ejecutivo de avanzar en su «afán de reescribir la historia, y cuestionar la Transición»— pero también de lanzar un mensaje tranquilizador hacia las propias filas socialistas, en las que la iniciativa suscitó algunos resquemores, Bolaños argumentó que lo único que hace la enmienda es «ratificar» algo que ya dice la propia Constitución, que es que toda la legislación española ha de ser interpretada conforme a los criterios del derecho internacional y los tratados a los que se ha adherido España.

El ministro de Presidencia, remarcó además, en una entrevista en Onda Cero, que una legislación ordinaria, como la ley de memoria democrática, no podría en ningún caso modificar la legislación penal, que tiene carácter orgánico. Pero sobre todo, insistió en que si la enmienda sale adelante,no se podrá hacer «nada» que no se hiciera ya desde 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma (que constituyó la Corte Penal Internacional) y que había sido ratificado por España.

Hasta ahora, los partidarios de investigar los crímenes del franquismo se han topado con varios obstáculos: la propia Ley de Aministía, que extingue la responsabilidad criminal sobre los delitos de motivación política cometidos antes de 1976 y el principio de irretroactividad de las normas penales que perjudiquen al reo y que ha llevado al Tribunal Supremo y al Constitucional a considerar que no podían ser juzgados crímenes de lesa humanidad previos al momento en el que estos se tipificaron en el Código Penal español, en 2004.

Ni el PSOE ni Unidas Podemos, según subrayó el miércoles Santiago, tienen la más mínima intención de derogar, como reclama Esquerra, la Ley de Amnistía. Bolaños defendió que fue precisamente la izquierda quien reivindicó en su momento esa norma que permitió que muchos represaliados de la dictadura «salieran de la cárcel» y que contribuyó a «consolidar la democracia». «Yo soy un gran defensor de la Transición y de las personas que la protagonizaron», dijo en respuesta a los dardos de la oposición.

El caso es que el movimiento con el que el Gobierno pretendía granjearse el apoyo de una reticente ERC a su proyecto de ley ha terminado por volvérsele en contra. No ha logrado ese objetivo y ha alejado a Ciudadanos, al que también miraba el Gobierno, de un acuerdo. El ministro adujo aun así que no tira la toalla.

El Gobierno reconoce que no podrá sacar de la «impunidad los crímenes del franquismo»
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