sábado. 28.01.2023
                      En pantalla y desde Bruselas, Carles Puigdemont y los consellers cesados, Clara Ponsatí y Lluís Puig. TONI ALBIR
En pantalla y desde Bruselas, Carles Puigdemont y los consellers cesados, Clara Ponsatí y Lluís Puig. TONI ALBIR

No ha caído bien en Moncloa el auto con el que el juez Pablo Llarena ajustó el jueves los delitos imputados a Carles Puigdemont y el resto de líderes del ‘procés’ que siguen en rebeldía. Ni gusta que haya desechado el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados por el que, según argumentaban, iban a poder seguir persiguiéndose hechos como los de 2017 tras la polémica reforma pactada con Esquerra ni el que haya optado por no aplicar la malversación atenuada. Fuentes del Ejecutivo lo admiten en privado.

En público, el Gobierno ha evitado hasta ahora deslizar la más mínima crítica al camino elegido por el magistrado e incluso ha tratado de hacer de la necesidad virtud. Durante una comparecencia en la sede de su formación, la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero insistió este viernes en que el auto es la prueba de que «el PP ha mentido» y que la reforma no permite «poner una alfombra roja a Puigdemont». Montero, sin embargo, no ahorró un reproche al magistrado. Los socialistas sostienen que el juez se extralimitó en sus funciones al incluir en su escrito críticas a la actuación del Gobierno.

Llarena no solo advirtió de que se ha creado un «contexto cercano a la despenalización» al derogar la sedición, también cuestionó que la eliminación de ese delito responda a un intento de homologar el Código Penal español a los europeos y achacó directamente la reforma a que ni a los partidos del Ejecutivo ni a sus aliados parlamentarios les gustó la sentencia que en octubre de 2019 condenó a Oriol Junqueras, Quim Forn, Josep Rull, Jordi Turull , Raül Romeva, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez a penas de cárcel e inhabilitación de entre 9 y 13 años. «No vamos a entrar en los contenidos de la orden, cada uno tiene su responsabilidad, pero de la misma forma pedimos que no se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación», apuntó la ministra. «Es coherente —añadió— porque vivimos en un Estado de derecho en el que la Justicia tiene que administrar justicia y los políticos legislar conforme a nuestra escala de valores, en este caso al impulso a la convivencia que creemos que tiene que marcar el futuro en Cataluña».

Política «arriesgada»

El Gobierno siempre ha defendido que, aunque se tratara de una decisión «arriesgada», la reforma penal, como antes los indultos, busca desinflamar el «conflicto político» catalán y que los españoles sabrán valorarlo. En el PSOE llevan meses presumiendo de haber coadyuvado a la división del independentismo y ni la advertencia de los republicanos de que en la próxima legislatura volverán a poner sobre la mesa el referéndum de autodeterminación ni el anuncio de que se manifestarán durante la cumbre hispanofrancesa para demostrar que «el ‘procés’ sigue vivo» han hecho mella en ese discurso. «Se acerca la campaña electoral», esgrimían.

Algunas fuentes admiten ahora, no obstante, que si el Supremo y el TSJC siguen la pauta de Llarena en las revisiones de condena del ‘procés’ o los juicios pendientes por malversación a una treintena de excargos públicos, su intento de apaciguar a ERC puede verse comprometido.

Por otro lado, la ex consejera catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí se arriesga a ser detenida si regresa a España y no comparece ante el Tribunal Supremo (TS), donde está procesada por un delito de desobediencia. Ponsatí es una de las destinatarias del auto dictado el jueves por el instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, para adaptar la situación de los procesados por el 1-O a la reforma penal.

El Gobierno se revuelve contra Llarena
Comentarios