El Gobierno no sabe los efectos del cambio en la malversación

De poco han servido las llamadas efectuadas el viernes de la semana pasada por la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, a los líderes territoriales del partido o el intento de amortiguar el malestar interno generado por una rebaja de la malversación hecha a la medida de Esquerra con la creación, en paralelo, de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito. Unos lo manifiestan en público y otros no, pero quienes ya hace días expresaron sus recelos a la decisión tomada por su jefe de filas casi en solitario siguen enormemente contrariados. El temor a que el asunto acabe contaminando la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo es ahora elevado. Y más después de que los fiscales hayan empezado a advertir de que, como con la ‘ley del solo sí es sí’, se avecina un goteo de revisiones de penas a la baja que podrían afectar a casos de corrupción tan sonados como el de ‘la Kitchen’, la operación supuestamente orquestada desde el Ministerio del Interior del popular Jorge Fernández Díaz para sustraer información sensible del extesorero de su partido, Luis Bárcenas, o el ‘caso Lezo’, que investiga el desvío de fondos en la gestión del Canal de Isabel II por parte de altos cargos del PP madrileño. Aunque oficialmente lo niegan, fuentes del Gobierno y de la ejecutiva del PSOE admiten que ese efecto no es descartable. Es más, en el Ejecutivo, como en Esquerra, reconocen que incluso es difícil saber cuál será el impacto exacto de la reforma, tramitada en un tiempo récord y sin apenas debate, sobre los implicados en el ‘procés’, a los que iba destinada. Es decir, admiten que el coste asumido ante su electorado, en pro de la «convivencia» y la «desinflamación del conflicto catalán», puede haber sido en vano.

«No sabemos si los jueces van a decidir, como dice Esquerra, que los hechos del ‘procés’ no encajan en la nueva definición de la malversación, si van a considerar que entran en el nuevo artículo 433 —confiesa una ministra— o incluso si entenderán que sí se produjo un lucro de terceros». «Ataque a la Constitución» No ayuda tampoco a calmar los ánimos el hecho de que Esquerra insista en que el siguiente paso en la negociación será la celebración de un referéndum de autodeterminación. El martes fue Emiliano García-Page, el que puso en duda que Sánchez no vaya a franquear ese límite después de lo que ya ha hecho con la sedición y la malversación.