domingo 16/1/22

El Gobierno trata de calmar a Podemos y retener el apoyo de ERC a los Presupuestos

Sánchez se vería obligado a buscar nuevos socios en el Senado si los catalanes ejecutan su amenaza y no votan a favor
                      Pere Aragonès y otros cargos del Govern despliegan ayer en el balcón del Palau de la Generalitat el Tapiz Memorial del Sida. QUIQUE GARCÍA
Pere Aragonès y otros cargos del Govern despliegan ayer en el balcón del Palau de la Generalitat el Tapiz Memorial del Sida. QUIQUE GARCÍA

El Gobierno trata de solventar la nueva crisis que ha surgido con ERC, su socio parlamentario, a cuenta de la futura ley audiovisual y que amenaza la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 cuando estaba ya prácticamente atada.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, mantuvieron ayer un encuentro telemático con el portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, y los dirigentes de ERC Marta Vilalta y Josep Maria Jové. Fue la segunda reunión en un día.

Los socialistas tratan de mitigar el malestar que ha generado en ERC la confirmación de que las plataformas internacionales como Netflix o HBO no estarán obligadas a cumplir con la cuota de un 6% de contenidos en lenguas cooficiales que contempla el proyecto de ley General de Comunicación Audiovisual.

Esa cuota a las grandes productoras —incluidas las plataformas internacionales— fue una de las condiciones que pusieron los independentistas para apoyar los Presupuestos. El Ejecutivo sostuvo que no se puede aplicar esa cuota a empresas que no tengan su sede en España por el principio de país de origen de la directiva europea.

Esta aclaración generó enseguida el rechazo de los republicanos y un gran malestar ya que, según fuentes de la formación catalana, no es cierto que la citada normativa europea exima a esas plataformas internacionales de cumplir con este nuevo requisito que ERC pactó con el Gobierno implantar.

Tras amenazar ERC con no apoyar esta norma y poner incluso en riesgo la aprobación definitiva de los PGE en el Senado, fuentes gubernamentales aseguraron ayer que el Ejecutivo está dispuesto a mejorar la ley audiovisual durante la tramitación parlamentaria en el Congreso que se iniciará ahora. Eso sí, avisan de que deberá ser siempre dentro de los márgenes de las directivas europeas.

Además del malestar que ha generado en ERC, la norma tampoco cuenta con el visto bueno de Unidas Podemos, tal y como reconoció el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, quien incluso llegó a sostener que ahora están más cerca del ‘no’ que del ‘sí’. No obstante, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se mostró después más conciliadora y dijo que lograrán pactar con los socialistas los cambios necesarios para que la ley salga adelante con consenso.

Los principales negociadores socialistas tratan de calmar los ánimos de ERC, ahora que las cuentas públicas acaban de llegar al Senado, y volverán a necesitar de los votos de la formación catalana para salir adelante. De no tenerlo, las opciones se complican.

Mientras, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, dijo en los pasillos del Congreso que tienen «un buen acuerdo con ERC» y que van a seguir hablando. «No habrá mayores problemas, saben que cumplimos nuestros acuerdos y que esta vez va a ser así», garantizó.

Y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, responsable de la ley, aseguró que el Ejecutivo está «muy abierto» a negociar la Ley Audiovisual con los grupos parlamentarios en el Congreso, pero avisó que la norma «no puede contradecir la normativa europea».

«El proyecto de ley va a llegar en los próximos días al Congreso y se inicia un proceso de negociación en el que estaremos muy abiertos a la negociación con los grupos como siempre hacemos», explicó la vicepresidenta en una entrevista en Onda Cero, y enfatizó que «todo el proyecto de ley tiene unas cuotas tremendamente complejas» y que no pueden hacer algo que «contradiga la directiva» europea.

La polémica saltó después de que Calviño presentara el nuevo proyecto de ley en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Aunque en esa comparecencia no quiso aclarar cómo iba a afectar la cuestión de las cuotas a las plataformas internacionales, fuentes gubernamentales admitieron después de que a empresas que no tengan sede en España no se les puede obligar a cumplir con unos porcentajes.

ERC ya estaba al tanto de esta cuestión, ya que la ley ha negociado con ellos, después de que los republicanos la pusieran de condición para apoyar los PGE.

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