viernes. 09.12.2022

La concesión por parte del Gobierno vasco del tercer grado a ocho presos de ETA ha provocado un indisimulado malestar entre los principales colectivos de víctimas, mientras el Departamento de Beatriz Artolazabal defiende que lo único que ha hecho es cumplir la legalidad y seguir las recomendaciones de las juntas de tratamiento de las cárceles de Basauri, Zaballa y Martutene. El régimen de semilibertad, en todo caso, no es definitivo. Está a expensas de lo que decida la Audiencia Nacional. La AVT y Covite han pedido que el Ministerio Público analice los expedientes y el Gobierno vasco asume que es «factible» que la Fiscalía recurra. Entre los ocho presos que han progresado están Unai Fano y José María Arregi Erostarbe, ‘Fiti’. El primero ya sabe lo que es pasar a tercer grado y ver cómo los jueces se lo revocan. Instituciones Penitenciarias le dejó en semilibertad en enero del año pasado. Así estuvo nueve meses, hasta que en octubre la Audiencia Nacional asumía la tesis de la Fiscalía y echaba para atrás la decisión al considerar que no había pedido perdón expreso a las víctimas.

El Gobierno vasco defiende los terceros grados a etarras
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