lunes 20/9/21

El Gobierno ve las orejas al lobo con sus socios en las Cuentas

Pedro Sánchez cree contar con una sólida red de seguridad para poder agotar la legislatura: la lluvia de millones que llegará de la Unión Europea para desarrollar el plan de recuperación y resiliencia —con una primera entrega de algo más de 9.000 millones antes de que acabe el verano— y el temor de sus socios independentistas a darse de bruces con una victoria electoral del PP y Vox si osan dejarlo caer. Hasta ahora el tiempo le ha dado la razón, pero eso no significa que sus aliados se lo vayan a poner fácil.

El jefe del Ejecutivo ya constató el viernes que más allá del discurso sobre un «nuevo tiempo» en el que envolvió su drástica y reciente remodelación gubernamental, nada ha cambiado en términos de fortaleza o estabilidad parlamentaria. Mientras él presumía en Nueva York, en el marco de su gira para captar inversión estadounidense, de haber sacado adelante de manera holgada los Presupuestos de 2021 y prometía hacer lo propio con los de 2022 e incluso 2023, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, sudaban tinta para salvar por solo un voto y en el último momento el decreto de los interinos. Las dificultades vividas en esa jornada agónica para los socialistas, con hasta Unidas Podemos en contra, tenían mucho que ver con el contenido concreto de la norma enviada al Parlamento por el Gobierno y con el malestar que había generado entre los principales afectados, los empleados de la Administración que llevan años encadenando contratos temporales ante la falta de ofertas para plazas fijas. Pero no solo.

Entre lo aliados habituales del Gobierno, desde el PNV a Esquerra pasando por EH-Bildu o el PDeCAT, existe un hondo malestar por la fórmula a la que se ha abonado la Moncloa para amortiguar sus exigencias y, por lo tanto, minimizar su capacidad de influir en la acción de un Gobierno en franca minoría: los reales decretos leyes. No es, de hecho, la primera vez que le dan un susto. Los socialistas ya se vieron con el agua al cuello para sacar en febrero la flexibilización del Ingreso Mínimo Vital o, en enero, el marco de gestión de los fondos europeos. Y en septiembre, perdió el del uso del remanente de los ayuntamientos.

La crítica unánime se centra en que se llevan al pleno normas sin negociar con una parte irrechazable y otras cuestionables y con la única posibilidad de aceptarlas o rechazarlas. «Se nos sitúa ante un dilema moral», se quejan. Los reales decretos leyes pueden, si así lo decide la mayoría, tramitarse, una vez convalidados, como proyectos de ley y ser enmendados. Pero los grupos acumulan listados de normas que permanecen durmiendo el sueño de los justos, con los plazos de enmiendas ampliados una y otra vez o que han tardado más de un año en tramitarse.

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