Los Gobiernos central y vasco cierran el traspaso de prisiones a Euskadi

Dos años después de que retomasen la negociación para cerrar las transferencias pendientes del Estatuto y tras varios parones negociadores, los Gobiernos central y vasco alcanzaron hoy un acuerdo para el traspaso a Euskadi de la competencia de Prisiones. El pacto se cerrará de forma definitiva en la reunión que el próximo 10 de mayo mantendrá la Comisión Mixta de Transferencias y será efectivo a partir del 1 de octubre. A partir de entonces, las cárceles de Basauri, Zaballa y Martutene pasarán a manos vascas. Más de 600 trabajadores y 1.300 reclusos.

Pero es mucho más que eso. Se trata de una materia con una profunda carga simbólica porque a partir de ahora el Ejecutivo de Iñigo Urkullu tendrá margen para flexibilizar el cumplimiento de las penas y apostar por políticas de reinserción en un momento en el que cada vez hay más presos de ETA en esos centros.

La llegada de Prisiones era la pieza más deseada de las competencias del Estatuto de 1979 que sin transferir a Euskadi. "Un hito histórico", lo definió ayer el Gobierno vasco. La otra es la gestión de la Seguridad Social, y no se espera a corto plazo. Hay un compromiso para empezar a negociar el año que viene, pero no hay demasiado optimismo dada la complejidad que rodea la materia. Pero en este contexto político todo puede pasar.

De hecho, la propia transferencia de Prisiones se antojaba hasta hace no demasiado como imposible. Ni los sucesivos gobiernos centrales, tanto del PSOE como del PP, estaban dispuestos a cederla ni tampoco los responsables del Ejecutivo vasco tenían demasiado interés en asumirla.

Durante años se consideraba más un 'marrón' que un premio, a pesar de que públicamente se pedía su traspaso.

El cambio llegó con la entrada de Pedro Sánchez en La Moncloa. Aunque también ahí hubo matices. A finales de 2018, el Gobierno central aceptó incluir Prisiones en un calendario de transferencias en una demostración de que tras el parón con Mariano Rajoy había voluntad por retomar los trapasos. Pero desde el Ministerio del Interior, con Fernando Grande Marlaska a la cabeza, se matizó que tampoco había prisa por concretarlo.

Sin embargo, como señaló ayer la consejera de Goberanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, las negociaciones son un proceso "vivo" y sometido a "vaivenes".

70 millones El ritmo se aceleró sobre todo tras la reunión mantenida a primeros de marzo por la propia Garamendi y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta. En las últimas semanas se había trabajado con un objetivo claro: cerrar al menos la fecha de la Comisión Mixta de Transferencias antes del arranque de la campaña madrileña, que empezará esta medianoche.

Así que se ha llegado al límite. De hecho, Garamendi explicó que la decisión de que la reunión en la que se oficializará el traspaso no sea hasta dentro de tres semanas está vinculada, precisamente, con los comicios madrileños. Los cinco meses hasta que en octubre las tres prisiones pasen a manos vascas tienen más que ver con cuestiones técnicas y de intendencia.

El acuerdo, en todo caso, no solo tiene trascendencia para Euskadi, sino que impacta de lleno en la campaña del 4-M. El PP ha sido muy crítico con este traspaso y lo ha vinculado de forma directa con el acercamiento de presos etarras. Sánchez asume el riesgo a cambio de asegurarse de nuevo el apoyo cerrado del PNV, convertido en uno de sus principales apoyos de la legislatura.

La valoración económica de la transferencia asciende a 70 millones.

Euskadi asumirá cuatro edificios y se prevé una futura permuta de instalaciones. A manos vascas también pasará el antiguo centro de Nanclares, que fue clausurado para ser reemplazado por Zaballa. El Gobierno vasco aún no tiene decidido qué utilidad le dará. Además, una vez que entre en funcionamiento el nuevo centro de Zubieta, cuya finalización se espera para 2023, Euskadi devolverá al Ejecutivo central el edificio de Martutene.