El Govern cubrirá las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas con dinero público

Casi al mismo tiempo que Oriol Junqueras denunciaba en Estrasburgo la «represión» del Estado contra Cataluña, el Gobierno de Pere Aragonès aprobaba ayer la creación de un fondo de diez millones procedente de las arcas públicas, que permitirá a los 34 encausados por el Tribunal Supremo, entre ellos el exvicepresidente, no tener que poner dinero de su bolsillo para hacer frente a la fianza de 5,4 millones que les exige el organismo regulador por haber malversado presuntamente dinero público en la promoción exterior del proceso soberanista.

Este fondo, aprobado en un decreto ley, da respuesta a las exigencias de los sectores más radicales que reclamaban al Govern que se implicara de lleno en la causa y avalara a los 34 investigados.

Técnicamente, la Generalitat no avala de forma directa a los encausados. Lo hace de manera indirecta y a través de una argucia financiera, que suscitó dudas sobre su legalidad en un amplio espectro de las fuerzas catalanas, desde las de la derecha hasta el PSC o los comunes. El PP anunció un recurso y el Gobierno no lo descartó. La entidad antisecesionista Convivencia Cívica Catalana presentó una denuncia ante el juzgado de guardia por los presuntos delitos de malversación y prevaricación. Desde el Tribunal de Cuentas pusieron en duda la legalidad del aval pergeñado por los servicios jurídicos de la Generalitat. Los propios independentistas no deben de tenerlo del todo claro, cuando la ANC y Òmnium insistieron ayer en llamar a su parroquia a colaborar con la caja de solidaridad por si el «Estado tumba» el fondo de compensación.

La fórmula por la que se han decantado los juristas del Govern, que aseguran que es cien por cien legal, satisface a todas las fuerzas que apoyan al Ejecutivo catalán. Implica crear un fondo a partir del presupuesto que maneja el Instituto Catalán de Finanzas (una especie de Instituto de Crédito Oficial autonómico). Esta partida, que bloquea diez millones que podrían destinarse a financiar proyectos empresariales, la gestionará el ICF, dependiente de la Consejería de Economía, y será una entidad financiera privada la que avalará directamente la fianza de un total de 5,4 millones que exige depositar el Tribunal de Cuentas a los 34 exaltos cargos del Govern antes del 21 de julio. Entre otros, Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

No se trata de un aval directo del Govern, según insistió el consejero de Economía. El aval lo pone una entidad financiera con la garantía del fondo de diez millones que aporta la Generalitat. La argucia financiera se llama «contraaval», según especificó el consejero. Los recursos públicos no pueden usarse para cubrir la responsabilidad civil de políticos que han actuado en contra de la ley, argumentaron quienes ven dudas legales en la medida.

La primera lectura política es que Aragonès sigue sin hacer guiños al Gobierno, a pesar de la concesión de los indultos y el compromiso de reactivar la mesa de diálogo. El presidente de la Generalitat ha optado en esta ocasión por asegurarse la entente con sus socios de Junts y de la CUP antes que facilitarle las cosas al Ejecutivo de Sánchez. El presidente de la Generalitat se niega a convocar la mesa de partidos catalanes, tal y como le piden los socialistas como gesto de distensión, y ya ha lanzado avisos de que de momento se moverá muy poco. Reitera su apuesta por la amnistía y la autodeterminación y no participará en la conferencia de presidente autonómicos del 30 de julio.

En esta ocasión, el Govern podía haber optado por una vía más templada y no implicarse presupuestariamente cubriendo el aval de los implicados. Eso sí, la medida aprobada por el Govern tiene una letra pequeña que indignó a los más radicales del independentismo. La Generalitat adelanta los diez millones de euros, pero si se confirma la existencia de responsabilidad contable o responsabilidad civil de los encausados, la persona beneficiaria deberá devolver el dinero, así como los intereses.