El Govern se niega a fijar el 25% de español en las aulas que le exige la justicia

El Govern catalán se prepara para continuar la batalla legal contra la sentencia que le obliga a impartir el 25% de las clases en español. Con el tiempo muy justo, el Gobierno aprobó ayer un decreto ley que trata de lograr la cuadratura del círculo: intenta blindar la inmersión del catalán en la escuela y al mismo tiempo pretende sortear el fallo judicial, cuyo plazo de cumplimiento expira hoy mismo.

El decreto, que entró ayer en vigor, fija los criterios que requiere la Consejería de Educación a los centros educativos a partir del próximo curso a la hora de elaborar los proyectos lingüísticos «a efectos de establecer los aspectos relativos en la organización de la enseñanza y el uso de las lenguas oficiales». El 9 de mayo, el TSJC dio 15 días hábiles al Govern para cumplir la sentencia. El plazo acaba este 31 de mayo. En concreto, exigió al Ejecutivo catalán que dictara instrucciones oportunas para aplicar el 25% de español en la enseñanza, que equivale a impartir una asignatura troncal en español y no todas en catalán como hasta ahora.

Con el decreto aprobado será cada colegio (público y concertado) el que deberá ahora elaborar un nuevo proyecto lingüístico, sobre la base de este nuevo marco normativo, y tendrá 30 días para ello. Deberá tener en cuenta la realidad sociolingüística de la escuela.

El Departamento de Educación validará ese nuevo plan y será el que asumirá la responsabilidad legal. La Fiscalía advirtió a los directores de que podrían incurrir en responsabilidades penales.