El Govern pacta con PSC y comunes que el español sea lengua docente

El PSC, ERC, Junts y en Comú Podem, que suman en torno al 80% de los escaños del Parlament, registraron ayer una propuesta conjunta para modificar la ley de política lingüística de 1998, que blindó por primera vez el modelo de inmersión, que sitúa el catalán como lengua vehicular en la enseñanza. Ahora, los cuatro grupos catalanistas tratan de garantizar la continuidad del sistema, que tiene el catalán como piedra angular de la educación, pero abogan por flexibilizar la inmersión y reconocen por primera vez que tanto el catalán como el castellano son las lenguas docentes en Cataluña.

Hasta la fecha, el español se imparte solo como una asignatura más, dos o tres horas por semana. Eso sí, en la propuesta de reforma de la ley, los cuatro grupos no ponen porcentajes, como estable el TSJC en la sentencia, y será cada centro el que determinará el plan lingüístico de acuerdo a su realidad sociolingüística.

La iniciativa de modificación legal llegó 24 horas antes de que expirara el plazo de dos meses dado por la justicia a la Generalitat para que aplique la sentencia que le obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en los centros públicos y concertados no universitarios.

Aviso del TSJC

Según las formaciones impulsoras, se trata de «un paso más para actualizar el consenso político y social en torno al modelo de escuela» que debe situar a su juicio el catalán como «centro de gravedad» del sistema» y como la lengua «normalmente utilizada para el aprendizaje» de las materias. No obstante, también conceden al castellano la categoría de lengua vehicular en la enseñanza. Según la CUP, que se ha desmarcado del texto, ERC y Junts han «liquidado la inmersión».

Está por ver qué acaba decidiendo finalmente la justicia, toda vez que la plataforma Escuela de Todos, que aboga por un modelo bilingüe, confirmó que la semana que viene se personará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para pedir la ejecución forzosa de la sentencia del 25% en representación de 1.500 personas entre padres y alumnos.

Recursos por el ‘procés’

El TC ha respaldado, con sus diez sentencias contrarias a estimar los recursos presentados por los líderes condenados del ‘procés’ independentista catalán, la decisión adoptada por el Tribunal Supremo en 2019 de considerar que los hechos por los que fueron juzgados se enmarcaban en el delito de sedición. Entiende que no ha existido «ni arbitrariedad ni irrazonabilidad» en las penas impuestas. El Alto Tribunal ha querido dejar constancia de su parecer en una nota de prensa emitida este jueves tras conocerse el fallo de las sentencias para los exconsellers Dolors Bassa y Joaquim Forn, que ponen punto y final a los recursos contra la sentencia del Supremo. Indica que la actuación de los condenados —y que ya fueron indultados por el Gobierno— «no adolece de un nivel de vaguedad tal que impida conocer con cierto grado de claridad la conducta penalmente reprochable». Recuerdan los magistrados que para que se dé ese delito se requiere que los sujetos «se alcen públicamente mediante la actuación tumultuaria de una muchedumbre.