lunes 18.11.2019

La Guardia Civil vincula a los CDR terroristas con la Generalitat

La Guardia Civil vincula a los CDR terroristas con la Generalitat

M.S.P. / M.B. / P.D.H | MADRID


El sumario revela que el ‘CNI catalán’ daba órdenes a los detenidos y que Torra iba a encerrarse en el Parlament con los ERT.


Los autodenominados Equipos de Respuesta Táctica (ERT), el ala más radical de los CDR y a los que la Audiencia Nacional acusa de organización terrorista, aseguraban seguir órdenes del «CNI catalán», nombre con el que popularmente se conoce al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), una institución pública de la Generalitat creada para garantizar la seguridad en las telecomunicaciones de la Administración catalana y que tuvo un papel clave en el 1-O.


El sumario de la operación Judas,la redada en la que el pasado 23 de septiembre fueron detenidos siete independentistas catalanes que preparaban supuestas acciones terroristas, revela que en los pinchazos telefónicos a los que fueron sometidos los sospechosos, éstos hablaban de que recibían órdenes de un «grupo secreto», al que se referían siempre como el «CNI catalán» y que fue el que le propuso el «encargo» de llevar a cabo la que debía de ser su acción más emblemática: el asalto y toma del Parlament.


Esa operación —desvelan los informes— iba a tener lugar el ‘día de D’, la jornada en que se conociera la sentencia del ‘procés’, que finalmente se supo el 14 de octubre.


El sumario se refiere particularmente a las intervenciones telefónicas de una conversación en octubre de 2018 entre dos de los principales encausados, el informático Ferran Jolis y uno de los cabecillas del grupo, Xavier Buigas. En esta charla, Buigas reveló que desde el interior del Parlament iban a flanquear el paso a los asaltantes, que entrarían sin problemas por la puerta principal del edificio.


Los planes del ERT eran, según los documentos remitidos por la Guardia Civil al juzgado, que Buigas, junto a otro grupo reducidos de personas, establecieran dentro de la cámara una suerte de cuartel general para mantener la ocupación del edificio, mientras que Jolis, por sus amplios conocimientos económicos, debería poner en marcha, con la ayuda del «CNI catalán», una red de comunicaciones entre el interior y el exterior del Parlament.


La idea de contar con un sistema de comunicaciones secretas entre los asaltantes y el exterior, según el detenido, fue de un «movimiento más burgués», de la presidencia de la Generalitat, y no de los Comités de Defensa de la República.



SÁNCHEZ DA ALAS


Incendio en la campaña del PSOE a cuatro días de las elecciones y no por razones exógenas. Esta vez el origen del fuego estuvo en Pedro Sánchez y en su afán de mostrar firmeza frente al independentismo para seducir a los votantes desencantados de Ciudadanos.


Después de haber prometido el lunes en el debate entre candidatos que traería a Carles Puigdemont a España —algo que, en realidad, no está en su mano sino en la de la justicia belga— el secretario general del PSOE atribuyó a su propia actuación los pasos dados hasta ahora desde España para lograr una extradición.


La indignación de los fiscales, a los que situó bajo su brazo, y el regocijo del abogado del expresidente de la Generalitat no tardaron en llegar.


La clave de la polémica está en la frase con la que el presidente del Gobierno en funciones trató de reivindicar su papel en todo este asunto, durante una entrevista en Radio Nacional. Sánchez argumentó que no sólo el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, activó el pasado 14 de octubre la euroorden contra el líder independentista para que pueda ser juzgado en España por los mismos delitos por los que han sido condenados el resto de los impulsores del proceso secesionista de 2017 sino que también la Fiscalía la solicitó.


«¿Y la Fiscalía de quién depende? —se vanaglorió—. Pues ya está».


El planteamiento no dista mucho del que en su momento empleó el independentismo para reclamar que se retiraran las acusaciones de rebelión, sedición y malversación planteadas por el Ministerio Público contra los acusados del procés a cambio de la negociación presupuestaria.


Entonces, el Gobierno respondió lo que marca la propia ley, que, aunque el nombramiento del fiscal general se haga a propuesta del poder ejecutivo, este tiene autonomía funcional y está integrado en el poder judicial. Es decir, que lo que se le pedía estaba fuera de su alcance y suponía una vulneración de las normas básicas del Estado de derecho.


Eso, más o menos, es lo que advirtieron en sendos comunicados cargados de indignación las tres asociaciones de fiscales españolas. «La Fiscalía es independiente y sólo depende de la legalidad (...) no cumple órdenes del Gobierno y lamenta el desconocimiento de las funciones conferidas al Ministerio Fiscal por parte de quien hace tales manifestaciones», advirtió el colectivo mayoritario, AF. La Unión Progresista de Fiscales —a la que pertenece la fiscal general del Estado, María José Segarra—se sirvió de las redes sociales para hacer una proclama semejante y lo mismo hizo la minoritaria APIF.


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