domingo 05.07.2020

La Guardia Civil zanja que Sanidad sabía el «riesgo» del virus en enero

La Guardia Civil ha remitido a la jueza Carmen Rodríguez-Medel su segundo atestado sobre la denominada ‘operación Sanitario’, la investigación sobre la manifestación del 8-M y la propagación del virus.

En ese informe, elaborado el 1 de junio, los investigadores zanjan que los responsables de Sanidad eran plenamente conscientes del riesgo que comportaba el coronavirus y su llegada a España desde enero y que, a pesar de ello, no pusieron objeciones a la celebración de los actos multitudinarios de ese fin de semana previo a la declaración del estado de alarma.

La Policía Judicial afirma que el principal «dato de interés» del interrogatorio de responsables del ministerio es la «prontitud» con la que éstos «apreciaron la importancia de posibles riesgos derivados de la Covid-19». Según los investigadores, el Gobierno era consciente del peligro de la transmisión del virus en España casi dos meses antes de la marcha feminista, hasta el punto de que «ya en enero de 2020» Sanidad emitió «protocolos específicos e informaciones de distinto orden» para, entre otros asuntos, comenzar «el control de distintos pasajeros en fronteras».

Además, sostiene la Guardia Civil, en febrero de 2020, Sanidad envió de forma «masiva» a través de los correos electrónicos corporativos «recomendaciones» a todos sus trabajadores para extremar la autoprotección ante el virus. Ese protocolo, sostiene el informe, fue elaborado por el departamento de prevención de riesgos laborales del ministerio.

ARRANCAN LOS INTERROGATORIOS

El atestado, de 295 páginas, será probablemente el último que reciba Rodríguez-Medel antes de interrogar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que declarará como imputado el próximo 10 de junio. Precisamente, los agentes en este mismo informe de «ampliación de diligencias» y tras volver a analizar multitud de noticias de prensa, sostienen que a estas alturas de la investigación está «acreditado el conocimiento, por parte de los máximos responsables de la Delegación del Gobierno en Madrid, de los riesgos relacionados con la Covid-19» tres semanas antes de autorizar la celebración de la manifestación feminista.

Los investigadores relatan que el propio jefe del servicio de prevención de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno ha admitido en los interrogatorios que «a principios de febrero de 2020» empezaron a recibir información relacionada con la Covid-19 y que durante los días siguientes se sucedieron las reuniones, algunas a instancias de los sindicatos, para poner en marcha iniciativas de autoprotección que «incluían medidas de higiene y de distanciamiento social de 1 a 2 metros».

El 28 de febrero ya había un protocolo interno insistiendo en la necesidad de la separación entre personas, que se distribuyó de manera masiva entre el personal de la delegación el 2 de marzo.

Críticas a Simón

Los agentes además se muestran muy críticos con Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), hasta el punto de insinuar que les está hurtando información. Afirman que la «imprecisión» y los retrasos en facilitar los informes requeridos «hacen que se pierdan datos fundamentales para la obtención de conclusiones».

Por el momento, la jueza ha rechazado en dos ocasiones imputar a Fernando Simón, lo que no impide que la Guardia Civil, a la vista de este informe, le siga teniendo en su punto de mira. De hecho, incluye un documento para intentar incriminarle.

Se trata de un informe de la institución que dirige fechado el 27 de febrero y titulado ‘Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus’.

En ese dossier, el equipo de Simón hablaba de la necesidad de poner el foco en personas «asintomáticas» que pudieran haber tenido contactos con infectados, al tiempo que se recomendaba «limitar las actividades sociales» de esas personas.

«En el caso de las concentraciones celebradas entre los días 5 y 14 de marzo de 2020, con gran afluencia de personas, no se realizó ningún control preventivo para determinar si las personas (participantes) cumplían dichos criterios (no haber estado en contacto con contagiados)», denuncia la Guardia Civil en el informe.

«A fecha 27 de febrero, el Ccaes disponía de información de un posible contagio entre personas asintomáticas», asegura tajante la Guardia Civil, que insiste en que Sanidad sabía que el riesgo de contagio era alto porque consideraba «contacto estrecho» a cualquier persona que hubiera estado a menos de dos metros de un infectado.

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