La ‘guerra’ con Madrid desvía el foco sobre la posible imputación de Iglesias

«Tiene toda mi confianza y todo mi apoyo». Con estas palabras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerraba filas el pasado miércoles en torno al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ante el sorprendente giro de guion del ‘caso Dina’, con posible paseíllo hacia el Tribunal Supremo. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, acababa de solicitar al Alto Tribunal que investigue al secretario general de Podemos por los presuntos delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa. Un revés judicial que nadie en el Ejecutivo ni en la formación morada vio venir. «Ni como mera hipótesis concebimos que pueda haber una imputación», aseveró el propio Iglesias en una entrevista en la radio Rac1.

Lo que está claro es que el choque institucional con la presidenta de la Comunidad madrileña, Díaz Ayuso, desvía el foco sobre la situación procesal del vicepresidente.

En la Moncloa no preocupan, por el momento, las implicaciones políticas de esa resolución y se preparan para aguantar la redoblada presión de la derecha que exige la cabeza del vicepresidente segundo y que ha encontrado en el proceso judicial un arma para desgastar al Ejecutivo de coalición. La vicepresidenta Carmen Calvo señaló que «el Gobierno no tiene ninguna inquietud» por la amenaza que se cierne sobre Iglesias, ya que el ‘caso Dina’ «nada tiene que ver con su labor en el Gobierno». «Son asuntos -dijo- que afectan a su persona. No adelantemos acontecimientos».

Ahora la pelota está en el Supremo que, además de valorar si atiende la petición de García-Castellón, tendrá que requerir el parecer de la Fiscalía que dirige la exministra socialista Dolores Delgado. En el hipotético caso de que la Sala Segunda del tribunal atienda las razones del juez, el Congreso tendría que votar el suplicatorio de Iglesias para autorizar su enjuiciamiento. Un paso para el que se necesita contar con el respaldo del PSOE, que se mantiene prudente en un segundo plano.

A la espera de que el Supremo se pronuncie, la consigna tanto en el Gobierno como en las filas socialistas es abrigar a Iglesias e intentar orillar el debate sobre su posible imputación por el ‘caso Dina’. A ello ha contribuido el choque institucional entre el Ejecutivo central y la Comunidad de Madrid a cuenta del confinamiento de la capital y de otros ocho municipios. Un balón de oxígeno para el líder morado antes de que el miércoles se enfrente en la Cámara baja a las preguntas de la oposición en la sesión de control al Gobierno.

Aunque en un principio no estaba prevista su asistencia al Congreso por un viaje a Bruselas, Iglesias confirmó a última hora del viernes el cambio en su agenda. El vicepresidente se medirá así al secretario general del PP, Teodoro García-Egea, que, aunque tiene previsto preguntarle sobre el retraso en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, aprovechará la ocasión para reclamar su cese.

Respuestos del ‘schock’ inicial, en la cúpula de Unidas Podemos confían en que el caso no siga adelante porque sería «inadmisible», señaló ayer Rafa Mayoral. El estrecho colaborador de Iglesias considera que la posible imputación de su jefe de filas constituye «una amenaza para la democracia que tiene que cesar porque, si no, sería un escándalo internacional».

En la dirección morada consideran un escándalo la actuación del magistrado García-Castellón y defienden que se trata de un ejemplo de la «obsesión» contra su líder, como reconoció este sábado el portavoz parlamentario, Pablo Echenique en una entrevista en ‘Público’. Los morados estaban seguros de que la decisión de la Audiencia Nacional de devolverle a Iglesias la condición de perjudicado en el ‘caso Dina’ le alejaba de la zona de riesgo. Pese al revés de última hora, el vicepresidente s muestra convencido de que el Supremo no emprenderá acciones contra él. De ahí que esté decidido a resistir en el cargo y tiene el apoyo de Sánchez para hacerlo.