Los ‘hackers’ robaron del móvil de Robles información sobre la seguridad nacional
El juez Calama sostiene que se sustrajeron datos con Pegasus cuyo propósito no sería favorecer a otro Estado
Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, ayer, en la entrega de los premios Princesa de Girona. TONI ALBIR
Fueron apenas nueve megabyte de datos. El volumen de información extraído en junio de 2021 del teléfono móvil de Margarita Robles a través del programa espía Pegasus. A diferencia de las terminales del presidente Pedro Sánchez y del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que alcanzaron 2,6 y 6,3 gigas respectivamente, el ‘hackeo’ del dispositivo de la titular de Defensa parecía insustancial. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama no opina lo mismo.
El magistrado encargado de investigar el espionaje a las altas instituciones del Estado considera que el contenido sustraído del móvil de Robles sí tiene relevancia para la seguridad nacional, pese a su carácter secreto y protegido legalmente. «La exfiltración de información del dispositivo de la ministra de Defensa (...) podría integrar, además, algunos de los delitos relativos al descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional», relata el instructor en un auto conocido este lunes.
La resolución de Calama, en la que rechaza la pretensión de la Abogacía del Estado de oponerse a la admisión de la personación de una acusación popular -la asociación de juristas europeos Pro Lege- a cambio de abonar una fianza de 10.000 euros, amplía la investigación en el caso de Robles al delito del artículo 598 del Código Penal. Una circunstancia desconocida hasta la fecha, una vez que el juez levantó al secreto el pasado 7 de junio. Dicho artículo tipifica la responsabilidad del que, «sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o inutilizare información legalmente calificada como reservada, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar». Una conducta castigada con prisión de uno a cuatro años.
Desclasificación
En este contexto, el juez responde a la Abogacía que estos hechos son propios de un delito público que afecta a los intereses generales y no un ilícito privado. Del mismo modo, la presencia de información sustraída que afecta a la seguridad nacional explicaría que el Consejo de Ministros autorizase a finales de mayo la desclasificación de documentos y el conocimiento de su contenido para facilitar el trabajo del juez.
Testificales de Bolaños y NSO
Uno de los asuntos que pretende aclarar Calama es el funcionamiento de Pegasus, el programa de la compañía israelí NSO a cuyo responsable pretende interrogar el juez. Con este dispositivo se pueden obtener los contactos, mensajes, llamadas y archivos de un móvil. Además, puede grabar conversaciones, emplear la cámara, indicar la ubicación y hacer capturas de pantalla. Del mismo modo, el programa no requiere de ninguna acción del usuario para poder acceder a nuestro terminal. Así, llega al dispositivo a través de una llamada o un mensaje que no deja rastro, infectándose el móvil sin siquiera haber contestado o ‘clickado’ en el enlace que se recibe. El teléfono se convierte en un dispositivo de vigilancia y transmite la información recopilada a una entidad externa.
Sobre este y otros asuntos relativos a la seguridad de los móviles afectados tiene previsto interrogar el juez al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en los próximos días. La testifical será por escrito gracias a la prerrogativa que le da el cargo y no por videoconferencia como le propuso Calama. Tanto la Fiscalía como la Abogacía tienen ahora tres días para enviar las preguntas.