"Hagan de jueces y no de salvadores de la patria"

El abogado del expresidente de la ANC Jordi Sánchez y de los exconsejeros catalanes Jordi Turull y Josep Rull ha pedido a los magistrados del Tribunal Supremo que han comenzado este martes a juzgar el 'procés' independentista en Cataluña que "hagan de jueces y "no de salvadores de la patria".

Así lo ha dicho durante el letrado Jordi Pina durante su primera intervención en la vista oral, en la que ha expuesto en las cuestiones previas, dirigidas a denunciar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales antes de dar comienzo al juicio en sí con los interrogatorios de los procesados.

El letrado ha comenzado este alegato dudando de la imparcialidad de los magistrados del Supremo, desde el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, hasta el juez instructor de la causa, Pablo Llarena.

Pina ha hecho mención de una carta publicada en un medio de comunicación, en la que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, aseguraba que el juez de instrucción de Barcelona (fallecido), que investigó los preparativos del referéndum ilegal, Juan Antonio Ramírez-Sunyer, había "cambiado el rumbo" de España y que era un "héroe nacional".

"Son magistrados, no héroes nacionales", ha criticado el letrado, ironizando que esta afirmación hace pensar que los magistrados del alto tribunal están para "mantener la unidad de España". "Hagan de jueces, no de salvadores de la patria", ha pedido.

El abogado de Junqueras: "No hay ninguna ley que impida la secesión"

El encargado de romper el hielo del juicio del 'procés' fue el abogado del exvicepresidente de la Generalita Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde. En un informe con detalles, muy bien hilado, planteó los términos en los que discurrirán las primeras sesiones del juicio, al menos la de este martes. La retahila de derechos que considera vulnerados se resumen en una de las frases que pronunció: "Existe una cuestión catalana que se debe dejar expresar. Lo que hacen los catalanes es protestar, porque estamos excluidos de determinadas decisiones. Y si estamos excluidos tenemos que tener derecho a protestar". [Sigue el juicio del procés en directo con 'streaming' desde el Supremo.]

Van den Eynde insistió en que en el juicio contra los 12 líderes del 'procés', acusados de rebelión, sedición, malversación y desobediencia, se atenta contra "el derecho a protestar", que era lo que fue la concentración frente a la 'Conselleria' de Economía el 20 de septiembre, hasta que en su opinión se decidió considerarlo una "rebelión" o una sedición, lo que aseguró que era imposible que previera un ciudadano de a pie o incluso un abogado penalista como él hace dos años.

A lo largo de su intervención, que fue más bien un informe de conclusiones que la expresión de la prueba que vuelve a reclamar y las vulneraciones cometidas, sostuvo que en la causa "se han vulnerado todos los derechos fundamentales salvo el de petición". "Hasta el de culto se ha restringido porque a Junqueras no le dejaron ir a misa en prisión", aseveró.

 Entre el público, además de los familiares de los acusados, esposas e hijos, también estaba el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y un grupo de seis abogados, procedentes de Francia, Bélgica y Estados Unidos, que han tenido que quitarse sus togas para entrar como público. Van Den Eynden ha recordado que los observadores internacionales tienen su sitio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos e insistió en la necesidad de permitirles actuar. 

El letrado, que insistió en la necesidad de que declare el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, rechazado porque de no haber huido también sería juzgado,  y el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguró que el procedimiento se dirige contra "la disidencia política" y en el que "se ha retirado de la arena política a Junqueras", lo que consideró una vulneración del derecho de representación política. 

Tras hacer suya la expresión el jugar limpio en la guerra del código del samuray y remitirse a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el disidente kurdo Demirtas, Van den Eynde lamentó que la causa del Juzgado número 13 de Barcelona sea, en su opinión "una causa general, prospectiva contra el independentismo". Y en esta línea fue luego fue Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, que aprovechando la carta que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, escribió con motivo del fallecimiento del juez José Antonio Ramírez Sunyer, instructor de la causa seguida en Barcelona, pidió al tribunal que "sean jueces y no salvadores de la patria".

Cuando se disponía a acabar, el abogado de Junqueras no dejó pasar la oportunidad de criticar las palabras de la secretaria de Estado Irene Lozano, que les dio ya por condenados, o el autobús de Ciudadanos que recorre España en contra de su indulto.

Acumulación con la Audiencia Nacional

Por su parte, el abogado del 'exconseller' Joaquim Forn, Xavier Melero, en un tono mucho más técnico que su antecesor en el turno de palabra. Se remitió al Código Penal, como arma para defender la inocencia del exresponsable catalán de Interior, que recordó que está acusado por la "capacidad del dominio de la fuerza" que se le atribuye. Pidió que al menos, como pedía Jefferson, se le diera la razón de la mitad de las veces.

El siguiente en dirigirse al tribunal fue el abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, cuya libertad reclamó. Aprovechó las palabras del fiscal de la Audiencia Pedro Rubira en las que defendió la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a la excúpula de los Mossos con la falta de "imparcialidad" y "serenidad" que, en su opinión, se producía en Catalunya. El abogado volvió a apelar a la recusación de los magistrados del tribunal, por haber formado cuatro de ellos la sala que admitió a trámite la querella del fiscal que dio origen al procedimiento.

"Nos tiene que dar igual si el 26 de mayo hay unas elecciones o la final de la Champions, lo que nos debe importar es respetar el derecho de estas personas", lamentó Jordi Pina, en referencia a que el juicio comience sin disponer de toda la prueba documental admitida a la defensa. El abogado también defendió la necesidad de que declare Puigdemont y el Rey, por el discurso que dio el 3 de octubre, testimonio que negó que fuera alternativo al del jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín.

Acusaciones de la fiscalía.

Estas son las penas que solicita la Fiscalía y la Abogacía del Estado para los líderes del procés:

Oriol Junqueras

Fiscalía: pide para el exvicepresidente del Govern 25 años de prisión y 25 de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como promotor o jefe principal y otro delito de distracción ilegal de caudales públicos.

Abogacía del Estado: 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por sedición y malversación de caudales públicos.

Jordi Sànchez

Fiscalía: pide para el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta  por un delito de rebelión como promotor o jefe principal.

Abogacía del Estado: 8 años de prisión y 8 de inhabilitación absoluta por un delito de sedición.

Jordi Cuixart

Fiscalía: pide para el presidente de Òmnium Cultural 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta  por un delito de rebelión como promotor o jefe principal.

Abogacía del Estado: 8 años de cárcel y 8 de inhabilitación absoluta por sedición.

Carme Forcadell

Fiscalía: pide para la expresidenta del Parlament 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta  por un delito de rebelión como promotor o jefe principal.

Abogacía del Estado: 10 años de prisión y 10 de inhabilitación por sedición.

Jordi Turull

Fiscalía: pide para el exconseller  de Presidencia 16 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno y otro delito de distracción ilegal de fondos públicos.

Abogacía del Estado: 11 años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por sedición y malversación.

Raül Romeva

Fiscalía: pide para el exconseller  de Exteriores 16 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno y otro delito de distracción ilegal de fondos públicos.

Abogacía del Estado: 11 años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por sedición y malversación.

Joaquim Forn

Fiscalía: pide para el exconseller  de Interior 16 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno y otro delito de distracción ilegal de fondos públicos.

Abogacía del Estado: 11 años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por sedición y malversación.

Josep Rull

Fiscalía: Pide para el exconseller  de Territorio 16 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno y otro delito de distracción ilegal de fondos públicos.

Abogacía del Estado: 11 años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por sedición y malversación.

Dolors Bassa

Fiscalía: pide para la exconsellera  de Trabajo 16 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno y otro delito de distracción ilegal de fondos públicos.

Abogacía del Estado: 11 años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por sedición y malversación.

Carles Mundó

Fiscalía: pide para el exconseller  de Justicia 7 años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública.

Abogacía del Estado: 7 años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y multa de 10 meses con cuota de 100 euros diarios por desobediencia grave cometido por una autoridad pública.

Meritxell Borràs

Fiscalía: pide para la exconsellera  de Gobernación 7 años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública.

Abogacía del Estado: 7 años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y multa de 10 meses con cuota de 100 euros diarios por desobediencia grave cometido por una autoridad pública.

Santi Vila

Fiscalía: pide para el exconseller  de Empresa 7 años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos. Multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública.

Abogacía del Estado: 7 años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y multa de 10 meses con cuota de 100 euros diarios por desobediencia grave cometido por una autoridad pública.

Mireia Boya

Exdiputada de la CUP. Multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública.

Lluís Corominas

Fiscalía: pide para el exvicepresidente primero de la Mesa del Parlamento catalán una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública.

Abogacía del Estado: multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y ocho meses.

Lluís Guinó

Fiscalía: pide para el exvicepresidente primero de la Mesa (tomó el relevo de Corominas en julio del 20147) una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública.

Abogacía del Estado: multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y ocho meses.

Anna Simó

Fiscalía: pide para la exsecretaria primera de la Mesa una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública.

Abogacía del Estado: multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y ocho meses.

Ramona Barrufet

Fiscalía: pide para la exsecretaria cuarta de la Mesa una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública.

Abogacía del Estado: multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y ocho meses.

Joan Josep Nuet

Fiscalía: pide para el exsecretario tercero de la Mesa un multa de 8 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y cuatro meses meses por un delito continuado de desobediencia grave cometido por una autoridad pública.

Abogacía del Estado: multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y ocho meses.

Josep Lluís Trapero

Fiscalía: pide para el exmayor de los Mossos 11 años de prisión y 11 años de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno.

Pere Soler

Fiscalía: pide para el exdirector general de los Mossos 11 años de prisión y 11 años de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno.

César Puig

Fiscalía: pide para el exsecretario general del Departamento de Interior 11 años de prisión y 11 años de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión como mando subalterno.

Teresa Laplana

Fiscalía: pide para la exintendente de los Mossos 4 años de prisión con inhabilitación especial para sufragio pasivo durante el mismo periodo y cinco años de inhabiltación especial para empleo público en el cuerpo de los Mossos.