Diario de León

La herencia de la familia Franco se desvanece

Aumenta la presión política por recuperar el control público de los inmuebles legados

Imagen de la portada frontal del Pazo de Meirás. CABALAR

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La familia Franco disfrutó del Pazo de Meirás durante 82 años hasta que la finca fue entregada por orden judicial a Patrimonio Nacional el pasado 10 de diciembre. Habían hecho falta décadas de litigios y protestas vecinales hasta que las llaves del que fuera palacio estival de Francisco Franco —y antes residencia de la escritora Emilia Pardo Bazán— pasaran a manos del Estado. Recuperada una de las joyas más representativas del poder del franquismo, varios partidos políticos, ayuntamientos y otras administraciones ya han empezado a redoblar la presión por reclamar los inmuebles públicos legados por el dictador a sus descendientes, que ahora corren el riesgo de perder como si fueran fichas de dominó.

Es el caso de la Casa Cornide de La Coruña, un antiguo palacete del siglo XIX, de estilo ecléctico, situado en la zona vieja de la ciudad y que ahora es propiedad de los siete hermanos Martínez-Bordiú en régimen de proindiviso. El Ayuntamiento de la capital gallega anunció el pasado lunes que iniciará acciones legales para recuperarla para el patrimonio público «una vez que los informes jurídicos encargados avalan las acciones para la recuperación del inmueble».

Estos ponen en duda la forma en la que Carmen Polo, esposa de Franco, adquirió la finca, que también genera controversia, como ocurrió con el pazo de Meirás. Según los informes que maneja el Consistorio de La Coruña, la naturaleza jurídico-patrimonial de la Casa Cornide es pública lo que, a su juicio, «contrasta con la ilegalidad de los sucesivos procedimientos de permuta, subasta y venta de la casa».

Según aparece recogido en ellos, la Casa Cornide pasó a ser propiedad del Estado en 1949 y el 22 de junio de 1962 se transmitió ese bien en permuta al Ayuntamiento de A Coruña. Pocos días después, su pleno en sesión extraordinaria aprobó la subasta pública para la venta de la finca al mejor postor. «Tan solo tres días después se vende a Carmen Polo y Martínez Valdés por 25.000 pesetas. No existió autorización del Ministerio de Educación Nacional, a través de la Dirección General de Bellas Artes, en las sucesivas transmisiones», apuntan. Entre otras cuestiones, el Ayuntamiento gallego denuncia que se modificaron las condiciones de la subasta con el fin de que el adjudicatario no tuviera que hacer frente a ciertas condiciones recogidas en los pliegos.

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