La histórica subida de la luz obliga a Sánchez a repensar el modelo energético

Lunes, martes, miércoles, jueves... y viernes. Los precios de la luz han encadenado esta semana una racha histórica de máximos que parece lejos de tocar techo. El precio de la energía se ha desbocado en el mercado mayorista hasta los 117,29 euros el megawatio hora (MW/h), más que triplicando los 36,7 euros de hace solo un año. Esta escandalosa subida ha provocado una dura batalla política entre Gobierno y oposición a cuenta de quién tiene la culpa del incremento de la factura que previsiblemente notarán los 10 millones de españoles acogidos a la tarifa regulada (PVPC).

Tras días de silencio, el Gobierno se ha visto obligado a reaccionar empujado por la presión de las críticas no solo de PP, Ciudadanos y Vox, sino también de sus propios socios de coalición. Pero más allá de la pelea política, fuentes consultadas apuntan a que tres han sido los factores que han obligado al Gobierno a despertar de su letargo veraniego.

El primero, el oportuno informe que el Banco de España publicaba esta semana en el que apuntaba al encarecimiento de los derechos de emisión del CO2 y del gas como culpables de un 70% de la subida de la luz. Además, el organismo recomendaba modificar la tarifa regulada para evitar que la volatilidad del mercado se traslade al consumidor final. El segundo, la guerra abierta desde las eléctricas, que también han solicitado una reforma integral de la PVPC y acusan al gas de los elevados precios del ‘pool’. Defienden que, al vender más energía de la que producen, los elevados precios del mercado también impactan directamente en sus cuentas.

Sin embargo, el golpe de gracia lo daba el pasado jueves la propia Comisión Europea. Consciente de que durante estos días los precios en el mercado español han superado entre un 20% y un 30% los registrados en otros países europeos, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, recordó el jueves que los Estados miembros sí pueden aplicar «algunas salvaguardias» respecto al precio de la energía. Entre ellas, intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro a clientes en situación de pobreza energética, además de conceder derechos respecto a los contratos con precios dinámicos, que sufren más la volatilidad actual del mercado.

Es decir, a juicio de Bruselas, el Gobierno tiene en su mano rebajar la factura. También lo opinan analistas expertos en el sector como Daniel Lacalle, que critica que «la tarifa regulada diseñada por el Gobierno es un 12% más cara que el resto. Está plagada de impuestos y costes fijos por diseño político».

El Gobierno se ha visto incapaz de limitar la subida de la luz con la rebaja del IVA del 21% al 10%. Así que en su siguiente movimiento ha abierto la puerta a tocar la tarifa regulada, única entre los países europeos. Pero recuerda, como también lo hacía el Banco de España, que los consumidores se han beneficiado históricamente de ella, al implicar precios más bajos que la tarifa libre en la que las empresas pactan los precios con sus clientes.

De hecho, fuentes del sector eléctrico recuerdan que «a pesar del escándalo de este año, el precio medio de 2021 es el mismo, o muy similar, al de 2012, 2015 o 2018». Pese a todo, el Gobierno planea una modificación, aunque sea temporal, quizá incorporando un tramo fijo más elevado. A más largo plazo, el Ejecutivo se apoyaría en el Plan de Recuperación para aplicar sobre los derechos de emisión de CO2 el lema de ‘quien más contamina, más paga’, favoreciendo la entrada de una mayor producción de renovables en el sistema. Pero eso no aliviará ahora los bolsillos.

Ahora, además, promete crear a medio y largo plazo una empresa pública para gestionar las hidroeléctricas pero cuando acaben las actuales concesiones, con lo que aleja el fantasma de la nacionalización.

Desde el sector acusan al Ejecutivo de negarse a emplear los ingresos extraordinarios por impuestos y CO2 para reducir el recibo, tal y como recomienda la Comisión Europea.