Iglesias no dimite y denuncia un complot de «la derecha» para tumbar al Gobierno
Sánchez insiste en que el vicepresidente tiene «todo su apoyo y toda su confianza» ante las acusaciones por el caso Dina
Pablo Iglesias ayer, durante su comparecencia en el Senado. FERNANDO ALVARADO
Pablo Iglesias sostiene que no hay materia penal en el caso Dina para que el Tribunal Supremo le investigue. Lo que sí cree es que hay un complot de «la derecha» para acabar con el Gobierno de coalición y él es el chivo expiatorio. Pedro Sánchez no suscribió la teoría conspiratoria de su vicepresidente segundo y se limitó a ratificar «todo» su «apoyo y confianza» en él.
Sea por enfado, sea por nervios, Iglesias unió su suerte procesal a la del Gobierno. Porque el objetivo, advirtió, no es él, es la alianza gubernamental.
El líder de Unidas Podemos ve al PP detrás de la decisión del juez Manuel García-Castellón de solicitar al Supremo que le investigue por denuncia falsa en el caso Dina para buscar «ventajas electorales». Primero, en la emisora catalana Rac1, y después, en el Senado, ayer desplegó su retórica más afilada contra los populares, a los que acusó de recurrir a «medios no legítimos» para acabar con el Gobierno porque a través de las urnas «tienen casi imposible la vuelta al Consejo de Ministros». Un augurio que Iglesias ya ha utilizado para enrabietar al PP en otras ocasiones, pero que en esta oportunidad, a su entender, se justifica hacerlo más que nunca.
El vicepresidente segundo descartó de plano su dimisión porque «es imposible, inconcebible», ni como «mera hipótesis», que el Supremo haga suyas las sospechas del juez de la Audiencia Nacional y abra una investigación por su comportamiento en el caso Dina. Sería, añadió en la radio catalana, «una vulneración del Derecho sin parangón en este país».
Una opinión que algunos expertos ponen en duda porque, si bien el alto tribunal es reticente a proceder contra los aforados —no lo hizo, por ejemplo, contra Pablo Casado con su currículum universitario— en esta oportunidad se trata de un asunto muy turbio con muchas lagunas que los magistrados pueden ordenar que se investigue porque entran en juego consideraciones electorales y políticas, y no la ética de comportamientos individuales.
Para Iglesias está muy claro lo que sucede. Está en marcha, a su entender, una operación con «medios no legítimos» por parte de «la derecha» para derribar al Gobierno de coalición. Pero esa estrategia, avisó, actúa como «pegamento para los demócratas», en referencia no sólo a la coalición de los socialistas y su partido, sino al bloque de fuerzas políticas que posibilitaron la investidura de Sánchez.
Bandera, foto y corona
El vicepresidente creyó encontrar en el Senado, donde compareció en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, la prueba del nueve de que el PP se mueve entre bambalinas detrás de las acusaciones en su contra.
En la Cámara alta le esperaba el senador popular por Ceuta, David Muñoz, con una bandera de España extendida en su escaño, una foto del Rey y una corona. «Ridículo», dijo Iglesias, pero demostrativo, añadió, de «la tremenda impotencia» de un partido que ha gobernado para volver a hacerlo.
El vicepresidente segundo empleó en algunos momentos un tono displicente que sacó de sus casillas a los representantes de la oposición y el debate sobre los discapacitados quedó enseguida eclipsado por la bronca. «La foto de Colón les va a tener confinados durante muchísimos años», respondió ante el emplazamiento del senador del PP Tomás Marco para que diera «un paso atrás y dimita» por «transparencia, regeneración y calidad democrática». Un toma y daca constante que llevó a líder de los morados a apelar a su jerarquía par poner orden: «Tengan la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en el uso de la palabra». Vano intento. El griterío recrudeció.
El resto del Gobierno, entretanto, se ratificó en sus palabras de apoyo al vicepresidente aunque economía de palabras. El presidente confirmó desde Argel, donde estaba de visita oficial, que Iglesias tiene «todo» su «apoyo y confianza». Pedro Sánchez no se explayó más. Solo añadió la preceptiva coletilla del «respeto a las decisiones judiciales».
Si Iglesias intentó ligar su situación a la suerte del Gobierno, desde el Ejecutivo, sin dejar de apoyarle, pusieron distancias. La portavoz del Gobierno distinguió ayer en una entrevista en TVE entre el ahora vicepresidente y el líder de Podemos cuando se fraguó el caso. Iglesias, precisó María Jesús Montero, «no está investigado por haber hecho mal uso de su cargo, por haber utilizado dinero público de forma indebida, por ninguna responsabilidad vinculada a su posición actual». Los hechos que están bajo la lupa judicial «forman parte de su vida anterior», señaló la ministra para distinguir entre las responsabilidades gubernamentales de Iglesias y sus actuaciones políticas del pasado. Una diferenciación que también hizo la vicepresidenta Carmen Calvo. «El Gobierno no tiene ninguna inquietud» ante el caso Dina porque «nada tiene que ver» con la labor de Iglesias en el Ejecutivo. Son asuntos, añadió, que «afectan a su persona», no al vicepresidente segundo.