Iglesias mete más presión en el Gobierno con sus planes para limitar los alquileres

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha elevado la presión para que el Ejecutivo incluya en la Ley Estatal de Vivienda la regulación de los precios del alquiler en España. Y lo ha hecho a través de las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que ayer aprobaba el Consejo de Ministros y que incluyen ese compromiso para poner en marcha «medidas que pongan freno a las subidas abusivas del alquiler».

El documento especifica que la futura Ley Estatal de Vivienda debe incluir «la facultad de comunidades autónomas y de ayuntamientos para establecer su índice de precios», así como su capacidad para declarar las zonas que consideren como «tensionadas» y actuar con las medidas que consideren sobre ellas.

El partido de Pablo Iglesias apuesta por la garantía de una alternativa habitacional en caso de deshaucios, con medidas que favorezcan el alquiler social o los realojos. «Debe cumplirse con el compromiso del Gobierno», indica el texto aprobado hoy en consejo de ministros dentro de la estrategia sostenible.

Este compromiso, en realidad, no implica ninguna novedad legislativa, pues como siempre han defendido desde la formación morada, ya se habría adquirido en el momento de la coalición del Gobierno y también como parte del acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales de 2021.

Sin embargo, ayer llamó la atención que la introducción del mismo en la Agenda 2030 llegue justo en plena tensión entre los socios de Gobierno por las negociaciones para acordar el texto de la Ley de Vivienda. Sobre todo por las fórmulas que se adoptarán para limitar los precios del alquiler. Mientras el PSOE ha defendido siempre medidas como incentivos fiscales, la formación morada apuesta por la intervención directa.

Hace solo una semana, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Abalos, rechazaba públicamente la posibilidad de limitar los precios del alquiler, asegurando que «preferimos promover que imponer».

La ministra de Economía, Nadia Calviño, también había rechazado esta posibilidad, apostando en su lugar por aumentar el parque público de vivienda como una medida mucho más «eficaz» frente al control de precios. De hecho, fuentes del Gobierno insisten en que su prioridad será apostar por otras vías para bajar los alquileres sin medidas intervencionistas.

Está previsto que esta misma semana el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se reúna con Iglesias para acercar posturas en torno a los principales puntos de fricción entre ambos partidos, como la propia intervención del mercado del alquiler o la derogación de la reforma laboral.

Y mientras, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, intentará desencallar las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el responsable en la materia del PP, Enrique López. Campo siempre ha mantenido una vía abierta con el principal partido de la oposición sobre este y otros asuntos relacionados con su ministerio y en este momento es la única baza de Pedro Sánchez para intentar que Pablo Casado mueva ficha.

En el Gobierno argumentan que ya han cedido todo lo que podría resultar admisible. No ponen pegas a que el Partido Popular vete como vocal a la juez y exdiputada de Unidas Podemos Victoria Rosell, que en la actualidad ocupa el cargo de delegada para la violencia de género, pero se niegan a dar su brazo a torcer con el juez José Ricardo de Prada. La portavoz del Consejo de Ministros, María Jesús Montero, evitó ayer pronunciar sus nombres, pero fue clara. «Lo que no debería tener cabida es que se vete a personas por las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones profesionales».