Diario de León

Los independentistas quieren declarar la secesión si ganan las elecciones con un 50%

El Gobierno central y la Generalitat no se ponen de acuerdo sobre si la inhabilitación de Torra debe publicarse en el BOE

Torra con Forcadell y Bassa, ambas en tercer grado, al salir del Palau de Pedralbes. TONI ALBIR

Torra con Forcadell y Bassa, ambas en tercer grado, al salir del Palau de Pedralbes. TONI ALBIR

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El Palau de la Generalitat sigue acumulando dependencias vacías. Si Quim Torra ya decidió en su día dejar vacante el despacho de Carles Puigdemont, como homenaje al que consideraba presidente legítimo, ahora JxCat y ERC han decidido hacer lo propio con el de Torra, para visualizar lo que el independentismo califica como un derrocamiento del jefe del Ejecutivo catalán. No solo eso. El sillón del expresidente de la Generalitat quedará vacío en el consejo de gobierno de la Generalitat, como hicieron los grupos secesionistas con los escaños de los dirigentes presos en el Parlamento autonómico, y su sustituto, Pere Aragonès, ni siquiera podrá pronunciar el tradicional discurso de fin de año, ni instalar su oficina en el Palau de la Generalitat, ni responderá a la oposición en las sesiones de control al presidente del Parlament. Aragonès, vicepresidente y dirigente de Esquerra Republicana, coge las riendas del Gobierno catalán en calidad de presidente interino, lo que abre una nueva etapa en Cataluña, según saludó el Gobierno central.

JxCat y Esquerra han firmado un armisticio y han acordado los términos del nuevo Govern, en el que la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, y el de Empresa, Ramón Tremosa, ambos de JxCat, ganan relevancia y deberán actuar como contrapesos del republicano. Aragonès y Budó deberán repartirse el protagonismo. Ninguno de los dos partidos del Govern catalán quiere que el otro saque provecho a la nueva situación de cara a las elecciones. Ambas fuerzas se han conjurado para formar un gobierno que pilote el periodo transitorio hasta los comicios, previstos, según afirmó este martes ERC, para el 7 de febrero.

Postconvergentes y republicanos, que se marcan de cerca, mirando a las elecciones donde se jugarán la hegemonía del soberanismo, han suscrito una especie de pacto de no agresión hasta las elecciones. No es la primera vez que lo hacen y de hecho estos acuerdos, en el pasado, se los ha llevado el viento, pero sí se ha dejado por escrito las funciones de cada uno de los socios del ejecutivo. Aragonés «asumirá interinamente funciones limitadas de Presidencia», según el documento firmado por ambas formaciones.

El pacto no hace mención a cuáles son las funciones del presidente sustituto en las relaciones con el Gobierno central, en un momento en que aún debe fijarse la fecha de la próxima reunión de la mesa de diálogo, cuyo principal detractor era Torra. También está en el aire la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Hasta la fecha, Aragonès nunca ha ocultado su interlocución directa con Pedro Sánchez. Ambos aducían que hablaban como máximos ejecutivos de sus partidos. La situación cambia con el nombramiento de Aragonès, aunque Budó, como responsable de Presidencia, podrá vigilarle muy de cerca.

El acuerdo de JxCat y ERC es tan de mínimos que las dos formaciones regresaron este martes mismo a las hostilidades, escenificando que la unidad estratégica de la que tanto hablan está a años luz. Discreparon sobre una cuestión que centrará la campaña como fue la llamada que hizo Torra en su despedida para convertir las elecciones en un plebiscito sobre el 1-O. JxCat abrazó la propuesta y abogó por que si el independentismo supera el 50% de votos, el resultado sea «vinculante» con consecuencias «jurídicas». «No estamos planteando un plebiscito», aclararon en ERC. El reto es superar el 50%, dijeron. Pero no es definitivo, «al día después no nos lleva a la independencia», matizaron.

Quim Torra se estrenó este martes como expresidente en una visita a Lledoners y el nuevo Govern pretendía celebrar su primera reunión para aprobar el decreto del nombramiento del nuevo presidente. Pero la reunión del consejo de gobierno no tuvo lugar y por tanto Aragonès no fue aún nombrado formalmente. El Palau de la Generalitat trasladó ayer a la Moncloa un escrito para que le comuniqué cuándo tiene previsto publicar el real decreto de cese de Torra en el BOE.

El Gobierno central, en cambio, no aclaró su posición. La ministra portavoz, María Jesús Montero, señaló que el Ejecutivo está estudiando si es «imprescindible y necesario» que el decreto salga publicado en el BOE para que los mecanismos de sustitución del presidente inhabilitado se pongan en marcha. «La petición de publicación se solicita para dotar de la máxima seguridad jurídica a las próximas actuaciones del Govern», apuntaron desde el Palau de la Generalitat.

El Govern entiende que no puede firmar el decreto de nombramiento de Aragonès mientras no se publique en el BOE el real decreto firmado por el rey del cese del presidente de la Generalitat. Tampoco puede, a su juicio, empezar la cuenta atrás electoral. En el independentismo acusaron al Gobierno de «no cumplir lo que es preceptivo y lo que necesitan las instituciones para tener seguridad jurídica».

En el secesionismo pusieron ayer mucho empeño en que se pueda visualizar la firma del rey y del presidente del Gobierno en el decreto de cese de Torra. Hasta la fecha, se han publicado todos los ceses de presidentes autonómicos con la rúbrica del Jefe del Estado y el del Gobierno e incluían la coletilla del agradecimiento «por los servicios prestados». Pero es la primera vez que se ha apartado a un presidente en ejercicio por condena penal.

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