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El ingreso vital, entre 461 y 1.100 euros

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El ingreso mínimo vital (IMV), renta con la que el estado pretende combatir la pobreza y que será aprobada en el próximo Consejo de Ministros, oscilará entre los 461 y algo menos de 1.100 euros, según ha adelantado ayer Escrivá. Se comenzará a cobrar con tioda probabilidad en junio.

El ministro ha explicado que el ingreso vital llegará a 850.000 familias, que agrupan a unos 2,3 millones de personas.

El Gobierno se plantea que, en primera instancia, el IMV llegue a los hogares con un ingreso por unidad de consumo inferior a unos 230 euros al mes.

Esa cifra, ha precisado el ministro, «se corresponde con el veinte por ciento más pobre de la sociedad española». «Ahí hay unos 600.000 hogares, según nuestras estimaciones. Pensamos que con el IMV sacamos fuera de la pobreza extrema al 75 por ciento de esos hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero ya no tan aguda», ha agregado.

El acceso a esta prestación lo tendrán aquellos hogares que tengan unos ingresos y un patrimonio «por debajo de un umbral» que se va a fijar «para cada una de las catorce tipologías» que definirá, «sin tener en cuenta la vivienda habitual», ha puntualizado. «Complementaremos la renta de esos hogares hasta el umbral de renta mínima que resulte en cada caso», ha indicado.

UN TOPE

El ministro ha adelantado que se fijará un tope de patrimonio a partir del cual no se puede pedir acceder al ingreso. Ese límite está tasado en el caso del País Vasco en 35.800 euros. «Será menor», ha dicho Escrivá, quien sin embargo no ha avanzado la cuantía.

Respecto a la renta que no se podrá superar para tener acceso a la prestación, el ministro ha explicado que, inicialmente, «para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas».

«Hay que entender que la prestación no es una cantidad fija. Es un complemento hasta llegar al mínimo que corresponda. Este es el cambio fundamental», ha remarcado.

A partir de los 461 euros para un hogar formado por un adulto, ha informado, se aplicará una serie de coeficientes multiplicadores, en función del tipo de familia y del número de menores, «con un añadido para los hogares monoparentales, que en un 80 por ciento son mujeres», ha puntualizado. La implantación de esta prestación, ha indicado, obligará a su vez a las autonomías «a redifinir sus prestaciones, teniendo en cuenta que a partir de ahora habrá un mínimo estatal garantizado».

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