El inminente pacto entre PSOE y PP sitúa a Gabilondo como Defensor del Pueblo

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Madrid, 21 oct. (COLPISA, Paula de Las Heras) El enfrentamiento del PP con el PSOE a cuenta de las palabras de Arnaldo Otegi y de la relación parlamentaria con EH-Bildu no han sido esta vez óbice para que los dos grandes partidos sigan adelante con el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, para renovar, después de meses y, en la mayoría de los casos, años de bloqueo el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo, un puesto, este último, que recaerá en el exministro de Educación y excandidato socialista en Madrid, Angel Gabilondo.

El principal partido de la oposición dejó hoy claro que no cree al presidente del Gobierno cuando afirma que en ningún caso negociará con EH-Bildu la excarcelación de los cerca de 200 etarras que aún permanecen en prisión y Pablo Casado cargó, desde Bruselas, contra los socialistas por no romper toda relación los secesionistas vascos. "Nadie negocia en Europa con grupos que no condenan el terrorismo", adujo. En paralelo, sin embargo, su número dos ultimaba con el hombre fuerte del Ejecutivo los nombres que integrarán instituciones clave del Estado, como confirmó, también desde la capital comunitaria, el propio presidente.

La decisión del PP de no vincular estas conversaciones, que dan cumplimento a un mandato constitucional, con la batalla partidista es, en sí misma, novedosa. En su día Casado llegó a apelar a asuntos como las críticas de Pablo Iglesias al rey Juan Carlos o los indultos a los condenados del 'procés' como obstáculos para cerrar un pacto de renovación institucional.

En la Moncloa creen que ha llegado a la conclusión de que no puede mantener el bloqueo durante dos años más y que la presión tanto interna, de dirigentes y barones populares, como externa, desde la propias instituciones, le han convencido de estaba perjudicando su imagen como líder de un partido de Estado.

El bloqueo continúa, de momento, en lo que afecta a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sobre el que los dos principales partidos estuvieron a punto de llegar a un acuerdo en febrero. Casado insistió ayer en reclamar a Sánchez un cambio legislativo para que sean los jueces los que elijan directamente a doce de sus veinte vocales.

El Gobierno replica que esa propuesta no cuenta con mayoría en el Congreso, como ya ha quedado demostrado en dos ocasiones en esta legislatura. Sin embargo, tanto en el PP como en el PSOE se muestran optimistas sobre la posibilidad de que, desbloqueados el resto de órganos, se desencalle también este asunto.

Consenso precocinado Sánchez aseguró que la ratificación del acuerdo, anunciado ya hace una semana a través de un comunicado conjunto, es inminente y podría llegar "en horas o días". Las cosas han ido así de rápido porque, antes de que en febrero fracasara el acuerdo sobre el Poder Judicial -que se acerca a los tres años de mandato caducado- los dos grandes partidos ya habían consensuado, como admitió Bolaños, muchos de los nombres que ahora están sobre la mesa. Entre ellos, el de Gabilondo como Defensor del Pueblo.

Ese nombramiento es el único que, según el PP, recaerá en un político.

Tanto para el Tribunal Constitucional como para el Tribunal de Cuentas se habla, sostienen, de perfiles "técnicos y profesionales" que profundicen en la imagen de despolitización e independencia de la que Casado, escarmentado por el episodio que hizo saltar por los aires el pacto del Poder Judicial en 2018, hace ahora bandera. Entonces, la filtración de unos mensajes en los que los populares se jactaban de ir a controlar la sala segunda del Supremo "por la puerta de atrás" llevó al juez Manuel Marchena a rechazar la presidencia del alto tribunal.

La idea de los negociadores era que los nuevos nombramientos pudieran empezar a hacerse efectivos a partir de la próxima semana, pero cada institución tiene sus procedimientos. En el caso del Defensor del Pueblo, deben pasar al menos diez días entre la propuesta del candidato y el pleno que acuerde su nombramiento por mayoría de tres quintos (solo posible con la suma PSOE-PP).