martes. 05.07.2022

Irene Montero desata otra bronca en el Gobierno por la igualdad de trato

Igualdad acusa al PSOE de romper el acuerdo de Gobierno con Podemos por la ‘Ley Zerolo’
La ministra Irene Montero en un acto electoral en Cataluña. QUIQUE GARCÍA

El Ministerio de Igualdad acusó ayer al PSOE, a través de un informe preceptivo, de «romper» el acuerdo de Gobierno de coalición que ambas fuerzas firmaron antes de la investidura de Pedro Sánchez, así como siete meses de negociaciones, después de que estos registraran en el Congreso su Ley de Igualdad de Trato, conocida popularmente como ‘Ley Zerolo’, en recuerdo del diputado socialista y activista LGTBI fallecido en 2015. Se trata de una iniciativa que lleva gestándose más de diez años y que se ha impulsado en otras dos ocasiones sin llegar a aprobarse.

Los socialistas registraron la proposición, que se debatirá este martes en el pleno de la Cámara baja, el pasado 21 de enero, ante la «sorpresa» y el «enorme malestar» de Podemos. El partido de Iglesias considera que el PSOE actuó de manera «unilateral» y «sin incluir nada de lo que pedía la Dirección General de Igualdad de Trato del ministerio competente en esa materia», como aseguran fuentes del ministerio que preside Irene Montero, que también desvelan que ambas formaciones habían pactado hacer un registro conjunto, algo que finalmente no sucedió.

Otro de los desencuentros, tal y como entienden los morados, radica en que el texto impulsado por el PSOE se solapa con dos de los principales proyectos de Igualdad, la ley LGTBI y la ley trans y en este último caso la redacción aprobada por el equipo de Irene Montero no termina de gustar a la parte socialista del Ejecutivo.

«Parece que pretende obstaculizar o bloquear la tramitación de la ‘ley trans’ o LGTBI. Le pedimos que rectifiquen y cumplan con el acuerdo de Gobierno. Debe ser la brújula que guíe a los dos grupos en las propuestas legislativas», se quejó el martes el diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago.

Sobre ambas, fuentes del ministerio señalan que trabajan para iniciar su tramitación, ya que, según apuntan, su aprobación por el Consejo de Ministros es el paso necesario para continuar negociando y mejorando su contenido, junto a otros ministerios, las autonomías y la sociedad civil.

Pese al revuelo creado en torno a esta nueva discrepancia en la coalición, en Ferraz están convencidos de que «no habrá problemas» y esperan limar las diferencias durante la ponencia de la misma. El presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, también se ha mostrado confiado en que la situación se va a «reconducir» y ambas partes llegarán a un acuerdo.

La ley busca la persecución de una protección real contra todo tipo de discriminación como las sufridas por razones de nacimiento, etnia, discapacidad, enfermedad, religión u orientación sexual.

No se trata de una ley penal, sino que se busca reparar los comportamientos discriminatorios a través de sanciones administrativas que se traducen en multas económicas. Las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves.

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