Diario de León

Jordi Pujol se enfrenta a nueve años de prisión por amasar una fortuna ilegal

La Fiscalía pide 29 años al primogénito de la familia por la gestión del ingente patrimonio «ilícito»

Jordi Pujol en una de sus últimas fotos, tomada en 2017. TONI ALBIR

Jordi Pujol en una de sus últimas fotos, tomada en 2017. TONI ALBIR

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Jordi Pujol Soley, de 90 años y presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003, se enfrenta a nueve años de prisión y a una multa millonaria por liderar, junto a su mujer Marta Ferrusola, de 85 años, y a su hijo mayor Jordi, la organización criminal destinada a amasar un ingente patrimonio procedente de actividades corruptas aprovechándose de su cargo político, según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía Anticorrupción.

El documento de un centenar de páginas detalla el resto de penas para los acusados: toda la familia Pujol Ferrusola y varios empresarios. La petición más elevada es para Jordi, el primogénito, para quien reclama 29 años de prisión por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Para el resto de los hermanos la solicitud de penas van desde los ocho a los 14 años de privación de libertad, mientras que para la exmujer de Jordi, Mercé Gironés, reclama 17 años. A los empresarios implicados en la trama delictiva se les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedad mercantil y se solicita entre dos y tres años de prisión.

Según Anticorrupción, todos ellos actuaron conjuntamente y ocultaron, al menos desde 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra. Unos fondos procedentes supuestamente de las comisiones percibidas por favorecer a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos de la administración catalana.

En cuanto a las multas, el Ministerio Público interesa la más alta para Jordi Pujol Ferrusola, conocido por sus gestores bancarios como «el capellán de la parroquia», para el que pide 6,8 millones de euros; a su exmujer Mercé Gironés, 668.000 euros; a Josep Pujol, 932.000 euros; y para el expresidente de la Generalitat, 204.000 euros. A estas cantidades hay que añadir las reflejadas en el apartado de blanqueo de capitales, en el que Fiscalía indica que la sanción económica debe resultar de las cantidades que dispusieron los siete hermanos, el padre y Gironés.

Se trata de cuatro partidas en diferente moneda: 38,7 millones de euros; 8,1 millones de dólares (6,7 millones de euros al cambio hoy); 2,7 millones de dólares mexicanos (112.000 euros); y 95.344 libras esterlinas (110.000 euros). En total, más de 45,6 millones. Por su parte, las multas a los empresarios van desde los 200.000 euros hasta los ocho millones.

Sobre el patriarca familiar, el escrito señala que acordó con su cónyuge, Marta Ferrusola —exonerada por el juez a petición de la Fiscalía por su demencia, lo que la hace inimputable— que los fondos procedentes de la «actividad ilícita» ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en? cuentas abiertas a nombre de ésta y de sus siete hijos en la Banca Reig de Andorra, que luego se fusionó con el Banco Agrícola, dando lugar al Andbank. Igualmente, concluye Anticorrupción que los padres acordaron que fuera su primogénito Jordi quien gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre la familia. Así, el entonces presidente catalán aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo alrededor de su primer hijo y de determinados empresarios afines a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

El patrimonio obtenido fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años. Unos, Pujol Soley y su cónyuge, dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento; otros, Jordi y Josep Pujol Ferrusola y Mercé Gironés, gestionando los beneficios de la actividad descrita a través de testaferros; y los últimos, beneficiándose directa y conscientemente, según relata la Fiscalía en su acusación.

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