Diario de León

Los Jordis podrán salir ya de permiso, Junqueras tendrá que esperar un año

Las cárceles catalanas rechazan, sin unanimidad, la salida inmediata de todos los presos del ‘procés’

Accesos a la prisión de Lledoners, donde están Junqueras, Romeva y los Jordis.

Accesos a la prisión de Lledoners, donde están Junqueras, Romeva y los Jordis.

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Las tres prisiones catalanas en las que están encarcelados los nueve presos del ‘procés’ condenados por sedición propusieron ayer clasificarlos en el segundo grado penitenciario, la calificación más común. No es el régimen cerrado del primer grado ni el de semilibertad del tercero. En virtud del segundo grado, cada interno tiene derecho a salir del penal 36 días al año, siempre y cuando haya cumplido más de una cuarta parte de la condena. Para los ‘Jordis’, este supuesto será efectivo a mediados de enero. Junqueras, que tiene la pena más alta, trece años, deberá esperar un año más.

La decisión, en cualquier caso, no es definitiva. Se trata de la propuesta que las juntas de tratamiento de cada una de las prisiones ha elevado a la Secretaría General de Medidas Penales de la Consejería de Justicia de la Generalitat, que es la que antes de dos meses deberá emitir una resolución que fijará el régimen penitenciario para Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa y Joaquim Forn, condenados a penas de entre nueve y trece años.

Según detalló el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Consejería de Justicia de la Generalitat, Armand Calderó, las propuestas no se adoptaron por unanimidad, sino que hubo «un intenso debate» porque algunos técnicos se decantaban por el tercer grado.

Políticos buscando trabajo

La resolución definitiva sobre el grado penitenciario, que normalmente suele coincidir con el del informe inicial de las juntas de tratamiento, debe realizarse en un plazo máximo de dos meses. A partir de ese momento, abogados defensores y la Fiscalía podrán recurrir la decisión. Calderó insistió en que la última palabra en todas las resoluciones penitenciarias la tiene un juez.

«Nadie puede poner en duda el trabajo de los técnicos», dijo. «Los jueces imponen las penas, Servicios Penitenciarios ejecuta las condenas», remató.

A los seis meses, en junio, Instituciones Penitenciarias deberá revisar de nuevo la clasificación de los reclusos del ‘procés’. A partir de que la clasificación del segundo grado sea firme, los presos podrían también acogerse al artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que supone un régimen mixto entre el segundo y el tercer grado. De ahí que algunos presos estén buscando trabajo. Este es el régimen al que se acogió Oriol Pujol para poder salir de prisión durante las mañanas para ir a trabajar y regresar al penal a dormir.

Otra forma de flexibilizar el segundo grado es a través del artículo 117 del mismo reglamento, vía a la que se ha acogido Iñaki Urdangarin con trabajos de voluntariado. En estos supuestos, la decisión última recaería en un juez de vigilancia penitenciaria, a diferencia del tercer grado, cuya decisión última depende del Supremo porque fue el tribunal juzgador.

Está por ver cuál es la actitud de la Fiscalía, en un momento en que el PSOE y ERC están inmersos en una negociación para desencallar la investidura de Pedro Sánchez y en la que los republicanos reclaman a los socialistas que abandonen la vía de la «represión» y la judicialización de política.

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