Los jueces cargan contra un «ataque» a su independencia

La mayoría de las asociaciones judiciales asisten incrédulas a lo que hace semanas parecía una amenaza lejana y ahora observan más cerca que nunca. Tres de las cuatro agrupaciones nacionales —que reúnen casi a la mitad de todos los jueces en activo— se posicionan en contra de la proposición de ley planteada por PSOE y Unidas Podemos. Sólo Juezas y Jueces para la Democracia, de corte progresista y en la que se integra un 8,5% de los magistrados del país, avala la reforma como «alternativa al bloqueo» en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

En las cuatro entidades coinciden en una premisa: que el cambio idóneo sería aquel que fortaleciera la independencia de la Justicia, con un sistema en el que fueran los propios jueces quienes eligieran a los vocales de su órgano de gobierno. Pero visto que esa iniciativa resulta ahora mismo «utópica» aún estando presente en múltiples programas electores de los partidos, las principales asociaciones piden que al menos no se den «pasos atrás» como el que detectan en la reforma planteada.

Para la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, la que más socios tiene a nivel nacional (1.339), el planteamiento puede resultar «directamente inconstitucional» al eludir los informes legales previos. Su portavoz y jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, observa «un claro ataque a la independencia judicial» y anuncia que recurrirán a instancias europeas para tratar de frenar su puesta en marcha. Para la segunda entidad con más asociados (843), la independiente Francisco de Vitoria, la proposición de ley es «un disparate» por sus términos, tal y como advierte el juez Jorge Fernández Vaquero, portavoz de esta asociación.