Diario de León

Un juez abre otra causa al Ayuntamiento de Madrid por mascarillas defectuosas

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Tras el caso mascarillas, la causa penal que investiga la presunta estafa de los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina al Ayuntamiento de Madrid, un nuevo procedimiento se acumula en los juzgados ordinarios de la capital. El instructor Jorge Bartolomé ha reabierto una segunda investigación a raíz de una denuncia contra una empresa extranjera por la venta de un lote de mascarillas defectuosas al consistorio. La presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid por un montante de 1,2 millones de euros se denunció el pasado julio por parte de la Policía Municipal tras la llegada de una partida de medio millón de tapabocas compradas a un proveedor de Estados Unidos en marzo de 2020. La causa se dirige contra la empresa Sinclair&Wilde y su reapertura se produce como consecuencia del informe ampliatorio que, con fecha 12 de abril de 2022, se dirigió al Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid y en el que se comunicó que el investigado, Philippe H. S., tiene su residencia en Inglaterra. En el auto, el juez señala que «ante una nueva pista sobre el posible paradero de la persona que habría actuado como intermediaria en la operación de compra, procede la reapertura de las actuaciones, y practicar nuevas diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos, y la determinación de sus autores».

Fuentes del consistorio afirmaron que el Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Funeraria, a través de la cual se tramitó el contrato, se personarán en la causa en calidad de perjudicados.

El engaño de los cosméticos El citado Philippe H. S. es el propietario de la consultora Sinclair&Wilde, la mercantil intermediaria que se pensaba que estaba en Nueva York al tener la empresa una dirección postal ubicada allí. En el sumario de la causa contra Medina y Luceño ya incluye un informe de la Policía Municipal relativo a esta presunta estafa, en el que se alertaba de que la documentación facilitada no se correspondía con las certificaciones preceptivas que exige la UE y España, «incluyendo documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos». El juez abrió unas diligencias previas pero el 19 de julio de 2021 procedió a su archivo provisional ante la falta de autor conocido. Pero el pasado 12 de abril, la Policía Judicial remitió un oficio al magistrado en el que informaba de la identificación del posible autor de la estafa y su residencia, por lo que la causa se volvió a reabrir.

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