El juez achaca al Gobierno que la reforma solo busca despenalizar

Muy crítico, el magistrado arremete contra la reforma del Código Penal del Gobierno, pactada con ERC, al señalar que el texto «ha encontrado su génesis» en la sentencia del «procés» porque desde 1995 no se ha dictado una sola resolución que aplique la sedición. En este sentido, no comparte las principales justificaciones que están detrás de los cambios legales. Considera que el delito no incurre en imprecisiones, ni que urja armonizar la legislación española con los países comunitarios porque nuestra legislación «hasta hoy era plenamente homologable a la de los países de nuestro entorno para afrontar comportamientos como el enjuiciado».

Tampoco cree que la reforma busque una mayor proporcionalidad en la respuesta penal, porque la opción legislativa no ofrece un menor reproche penal para quienes están pendientes de enjuiciamiento, sino «un contexto cercano a la despenalización».

Y respecto de los líderes del procés condenados, el Supremo tiene pendiente revisar la sentencia con la más que previsible petición de absolución de las defensas de aquellos que solo fueron condenados por sedición, mientras que confían en que los que lo fueron también por malversación vean sus penas rebajadas. Fuentes jurídicas explican que el Supremo tiene, por un lado, que ver si los hechos probados son subsumibles en algún otro tipo penal más allá de los desórdenes públicos agravados.