El juez del caso Pegasus cita a Marlaska y Robles ante las evasivas de Félix Bolaños
El magistrado también pide al Consejo de Ministros que desclasifique documentos sobre el espionaje al Ejecutivo
Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska en el Congreso de los Diputados. BALLESTEROS
Margarita Robles y Fernando Marlaska tendrán que pasar a declarar por la Audiencia Nacional o, en su defecto, responder por escrito a las preguntas sobre el ‘hackeo’ de sus móviles con el malware israelí ‘Pegasus’. El juez José Luis Calama, que instruye la investigación sobre el espionaje a miembros del Gobierno, acordó este jueves tomar declaración como testigos a los ministros de Defensa e Interior, cuyos móviles fueron infectados en 2021, casi de manera simultánea a los ataques contra los terminales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del titular de Agricultura. Tanto Sánchez como Planas, por el momento, siguen al margen de esta investigación.
La citación de Robles y Marlaska se produce días después de que el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, fuera interrogado, también como testigo y por escrito. Igualmente han pasado ya por la Audiencia Nacional, siempre como testigos, la exdirectora del CNI Paz Esteban y el funcionario de este organismo número 7613 (que firmó los informes preliminares anexos a las denuncias de la Abogacía del Estado).
Ante la posibilidad de que durante los interrogatorios, ya sea por escrito o en persona, los titulares de Defensa e Interior tengan que responder a preguntas sobre materias secretas, Calama acordó dirigir un suplicatorio al Consejo de Ministros con objeto de que proceda a desclasificar «los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por dichos testimonios».
La decisión de Calama de citar a Robles y Marlaska —explicaron fuentes jurídicas— está motivada por la «escasa luz» que sobre esta trama de espionaje arrojó la declaración de Bolaños. El ministro de la presidencia -apuntaron estas mismas fuentes- respondió a nueve preguntas del magistrado y a otras tres cuestiones del fiscal jefe Jesús Alonso. Sin embargo, el testigo apenas aportó información técnica y se limitó a derivar en los técnicos la supervisión de la seguridad de las terminales del presidente y de sus ministros.
Los documentos en poder de Calama certifican que Bolaños, como secretario general de la Presidencia, era el último responsable del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica que, a su vez, incluye una Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Utic). Es decir, la encargada de velar por la protección del móvil del presidente. El juez le preguntó sobre esta responsabilidad, pero el ministro, de acuerdo con estas mismas fuentes, respondió con «evasivas», e insistió hasta la saciedad en que desconocía los aspectos técnicos de estos controles de seguridad. Félix Bolaños, al poco de conocer las citaciones de los ministros, defendió este jueves que el Gobierno es el «primer interesado en que se conozca lo ocurrido». «Somos las víctimas y los que sufrieron una intervención de manera absolutamente ilícita», insistió, al tiempo que afirmó que el Ejecutivo está facilitando al juzgado «toda la información» en su poder sobre este asunto para que la investigación «llegue hasta el final» de lo sucedido.
Los informes del Centro Criptológico Nacional revelaron que el dispositivo de Sánchez fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021) con un robo de información de 2,7 gigas; el de Robles fue hackeado en junio de ese mismo año y de él salieron solo 9 megas de datos; el terminal de Fernando Grande-Marlaska fue infectado con Pegasus en dos ataques el 7 y el 26 de junio 2021 sustrayéndole 6,3 gigas; y por la misma época el smartphone de Planas fue atacado con ‘Pegasus’ pero el malware no logró extraer información. Todas las intrusiones tuvieron lugar en plena crisis diplomática con Marruecos.