El juez decreta prisión incondicional y sin fianza para el ex tesorero del PP

Tras años de lujos y poder en la sombra, controlando con mano de hierro las finanzas del Partido Popular y amasando en paralelo una gran fortuna en el extranjero, Luis Bárcenas emprendió ayer su último viaje en un furgón de la Guardia Civil con destino a la cárcel de Soto del Real, donde fue enviado a media tarde por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Lo hizo «entero porque es fuerte», según su abogado, «pero muy alucinado y sorprendido» con la resolución judicial, cuatro años después de que su nombre apareciera vinculado al caso Gürtel, la trama corrupta que afecta al PP y que el pasado enero entró en otra dimensión con la aparición estelar del suculento botín escondido por el ex tesorero en Suiza.

El juez Ruz decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para Bárcenas al estimar que existía un riesgo «evidente y sensible» de fuga. La decisión fue decretada a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, que cambió de criterio a última hora en una decisión sorprendente, después de que fuentes fiscales señalaran que no se opondrían a la petición de la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que reclamó prisión bajo fianza para el acusado.

Dado ese paso, llegó el auto del instructor. Ruz considera que la drástica medida asegura la preservación de fuentes de prueba en la investigación, es decir, que de haber seguido libre el ex senador por Cantabria habría tenido capacidad «de manipular o influir sobre otros imputados, peritos o testigos». Y en su escrito argumentó que la presunción de contar con patrimonio en el extranjero, «de difícil control e incautación judicial», es un elemento más a la hora de valorar una posible huida, dado que Bárcenas tiene medios económicos para ello «en atención al patrimonio que se le presume»: superior a los 48,2 millones de euros tras el último informe policial.

El instructor de la Audiencia Nacional detalló dos hechos claves para enviar al ex tesorero del PP a prisión. En primer lugar, el caso de la pintora argentina Isabel Mackinlay, la falsa marchante de arte que fue usada por Bárcenas para firmar un contrato simulado de compraventa de cuadros del matrimonio a cambio de 1.500 dólares. Con esta operación la mujer del político, la astorgana Rosalía Iglesias, trató de justificar ante Hacienda un ingreso en 2006 de 560.000 euros, pero que para el juez Ruz «no se correspondía con operaciones reales» sino de evasión de capitales. Por este motivo, les imputaron estafa procesal, blanqueo y falsedad en documento mercantil. Que se unía al cohecho y al delito fiscal.

En segundo lugar, expuso Ruz, que durante los años 2011, 2012 y 2013 el ex senador «continúa disponiendo libremente de los fondos en Suiza y al mismo tiempo continúa con la capacidad de gestión activa» de los mismos, según sus propias manifestaciones recogidas en la comparecencia de este jueves. Ello, añade el juez, pese a haberse acordado en mayo pasado el bloqueo preventivo de todos las cuentas y sociedad del imputado en el país helvético.

Decepción

Sin embargo, para el abogado de Bárcenas, Alfonso Trallero, no había nada nuevo para que el juez enviara a la cárcel a su cliente. Cabizbajo y nervioso, el penalista que ha acompañado la travesía procesal del ex tesorero en estos cuatro años criticó que si éste hubiera querido fugarse ya lo habría hecho antes.

Detrás de la decisión de Ruz el letrado vio una mano negra, quizá por el cambio de criterio de la Fiscalía, que nunca antes había llegado tan lejos, más allá de lo que habían pedido las propias acusaciones populares. «Si las fiscales han solicitado la prisión incondicional, por qué no convocaron la vistilla (para cautelares) y sí la acusación. No tiene sentido», adujo.