Diario de León

El juez deja libre a la mujer de Villarejo pese a tratar de vender grabaciones

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Ni el intento de reactivar el negocio de su marido, ni el hecho de mover documentos y grabaciones de estos servicios parapoliciales que no disponían ni los propios investigadores.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de la ‘operación Tándem’ o ‘caso Villarejo’, echó este lunes por tierra el intento de la Fiscalía Anticorrupción de desconectar la red tejida por el excomisario preso para dar salida a material no judicializado a cambio de dinero.

Los fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, habían ordenado el pasado viernes a la Policía desmantelar esta nueva trama liderada presuntamente por Gemma Alcalá, mujer de Villarejo, con su detención y la de otras tres personas (un abogado y un funcionario que compartieron cárcel con el comisario jubilado y la mujer de uno de ellos). Y pese a que este lunes advirtieron al juez de los riesgos de fuga y de destrucción de pruebas de los investigados, éste descartó decretar prisión incondicional (sin fianza) para Alcalá, tal y como le reclamaron los fiscales, y la dejó en libertad provisional. En concreto, le impuso las siguientes medidas cautelares: retirada del pasaporte, comparecencias quincenales y prohibición de abandonar el país. En caso de incumplirlas sería revocada su situación personal. A otros dos detenidos, Javier Ruiz y Ascensión Fernández, también decretó su libertad con las mismas medidas cautelares. Peor parado salió el abogado Alfonso Pazos, marido de Ascensión, que sí entró en prisión y sin fianza. Alcalá fue detenida el viernes por la unidad de Asuntos Internos de la Policía en su domicilio madrileño de Boadilla del Monte, mientras que los otros tres arrestos se produjeron en Alicante, Madrid y Guipúzcoa. La Fiscalía enmarca la operación en delitos de organización criminal, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. En concreto, los investigados trataron presuntamente de vender información relativa a la seguridad y personalidades del Estado a cambio de importantes sumas de dinero. Algunos de estos documentos y grabaciones han salido a la luz mientras el excomisario ya estaba preso, y no constaban incluso entre los incautados en los registros.

Alcalá, periodista de profesión, ya fue una de las arrestadas en noviembre de 2017 cuando se desmanteló la trama. Quedó entonces en libertad provisional. Su marido permanece desde entonces en la cárcel de Estremera (Madrid) a la espera de juicio.

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