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La juez devuelve a Junqueras a la cárcel

Los líderes del ‘procés’ pierden el régimen de semilibertad y el soberanismo carga contra la justicia española

Gabriel Rufián y Aitor Esteban departen en el Congreso tras conocerse la noticia. EMILIO NARANJO

Gabriel Rufián y Aitor Esteban departen en el Congreso tras conocerse la noticia. EMILIO NARANJO

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Dos semanas. Ese es el tiempo que han podido disfrutar del tercer grado los presos del ‘procés’. La jueza del juzgado número 5 de vigilancia penitenciaria de Barcelona, María Jesús Arnau, suspendió este martes de urgencia el régimen de semilibertad otorgado a los dirigentes secesionistas por parte del Departamento de Justicia de la Generalitat, titular de las competencias de prisiones en Cataluña.

La magistrada, tras el recurso presentado por la Fiscalía, acordó el «efecto suspensivo» de la calificación penitenciaria para cinco de los presos: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joquim Forn y Raül Romeva. La medida era de aplicación inmediata mientras el juzgado tramita el recurso presentado por el Ministerio Público. La impugnación afectaba también a Carme Forcadell, aunque su caso debía resolverlo otro juzgado. En el caso de los otros tres presos, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa, la Fiscalía podría presentar el recurso a lo largo de los próximos días.

«Venganza»

El independentismo cargó con todo y calificó la decisión de «venganza» y «ensañamiento» por parte de la justicia española. Y si hace dos semanas, los presos fueron recibidos como héroes en sus respectivas localidades de origen a su salida de prisión, las fuerzas secesionistas organizaron un acto de despedida a las puertas de la cárcel de Lledoners, en Barcelona. «¿Es este el diálogo que ofrece España», afirmó el presidente de la Generalitat, Quim Torra. «La ley -remató- no prevé la venganza como respuesta». «No son justos, ni hacen justicia, aplican la venganza», expresó, por su parte, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. «Nos tienen miedo», desafió.

La decisión de la jueza cogió a los cinco políticos fuera del penal, ya que desde que les fue concedido el tercer grado, solo tenían que ir a dormir a la cárcel de lunes a jueves y de viernes a domingo podían estar en sus casas. La situación penitenciaria de los dirigentes independentistas se complica, toda vez que el Tribunal Supremo también se mostró la semana pasada en contra del 100.2 del que disfrutaban con el segundo grado. En principio, al suspenderse el tercer grado, los internos recuperan de inmediato la situación penitenciaria que tenían antes. Es decir, pasan al segundo grado con el añadido del 100.2, que les permitirá seguir saliendo durante el día para ir a trabajar o hacer labores de voluntariado de lunes a viernes. Lo que pierden es los fines de semana en sus respectivos hogares.

Oposición de la Fiscalía

La semana pasada, Supremo determinó que los recursos de la Fiscalía contra los 100.2 de los presos o el tercer grado paralizarían su ejecución. Este cambio respecto a lo que ocurría hasta la fecha estaba previsto para el recurso de apelación, que no es este caso. No obstante, el juzgado de vigilancia penitenciaria, que hasta ahora había validado todos los permisos por el 100.2, ha paralizado el tercer grado a las primeras de cambio. Es una decisión cautelar, mientras tramita el recurso, de forma urgente y preferente.

Las partes tienen tres días para presentar alegaciones. El juzgado, en cualquier caso, podía no haber atendido la petición del Ministerio Público de suspender de manera automática la semilibertad.

La Fiscalía argumentó que, a su juicio, el tercer grado de los dirigentes secesionistas crea una «sensación de impunidad en la sociedad». Esgrimió además la gravedad de las penas (de nueve a trece años por sedición) y que solo llevaran seis meses de segundo grado cuando accedieron al tercero. «No puede obviarse la gravedad del delito», señaló el Ministerio Público. La mayoría de ellos no ha cumplido la cuarta parte de la condena, apuntó, y ninguno se ha sometido a un programa de tratamiento por el delito de sedición.

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