El juez dice que los policías de Linares vulneraron la «convivencia pacífica»

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Linares (Jaén) recogió en el auto de prisión contra los dos policías nacionales acusados de agredir a un padre y su hija menor que los acusados vulneraron las normas y leyes que regulan la «convivencia pacífica y los derechos de los ciudadanos» con su grave actuación.

La resolución dictada el pasado sábado por el juez Javier Antonaya, que decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada e incondicionada del subinspector José Luis P. C. y del agente Manuel F. N., valora los requisitos de «legalidad constitucional» de su medida privativa de libertad. Afirma que los encausados incumplieron su función elemental como policías para garantizar la convivencia y el respeto de los derechos de los demás, «pues en caso contrario no estarían en la situación en la que se hallan».

De forma previa, el juez sostiene en el auto que se han superado los requisitos de «legalidad ordinaria» para decretar la prisión de los agentes. En primer lugar, valora la gravedad de la pena que lleva aparejada el delito de lesiones agravadas (hasta cinco años de prisión) con el agravante de abuso de superioridad. Sin menoscabo, añade, de que a lo largo de la instrucción resultase que los detenidos hayan podido cometer tortura o una tentativa de detención ilegal. Por este motivo, prosigue el juez, «se deduce que es bastante probable que los investigados sientan impulsos de huir de la acción de la justicia». A dicha sospecha, subraya, contribuye el hecho de que su arraigo familiar es escaso —no tienen pareja ni descendencia, según declararon— y su arraigo laboral previsiblemente haya desaparecido, «siendo probable que estén cautelarmente suspendidos de su empleo, ya que se les ha retirado el arma reglamentaria».

El juez señala que la prisión provisional también pretende proteger al hombre agredido.