El juez imputa a seis exjefes de ETA por el atentado de Santa Pola
El magistrado Manuel García-Castellón sigue estrechando el cerco a los exjefes de ETA. El instructor ha imputado a seis de los excabecillas de la banda terrorista por el atentado del 4 de agosto de 2002 contra el cuartel de la Guardia Civil en la localidad alicantina de Santa Pola que provocó dos víctimas mortales.
El juez, que el pasado 29 de marzo reabrió este sumario tras admitir a trámite una querella de Dignidad y Justicia contra seis de los excabecillas terroristas, decide ahora imputar a todos ellos, después de que los servicios de Información de la Guardia Civil le hayan confirmado que efectivamente hace dos décadas los seis estaban en lo más alto de la organización y en concreto en su ‘aparato militar’. Se trata de Juan Antonio Olarra Guridi, «Jon»; Ainhoa Mugica, «Olga»; Félix Ignacio Esparza,» Navarro»; Mikel Albisu, «Mikel Antza»; Ramón Sagarzazu, «Ramontxo»; y María Soledad Iparraguire, «Anboto».
La Guardia Civil en su atestado avala la tesis de Dignidad y Justicia de que todos son ellos están implicados en la decisión de dar la orden de colocar un coche bomba la tarde de aquel domingo de hace casi 20 años cebado con cien kilos de dinamita Titadyne y metralla frente a la casa-cuartel de la Guardia Civil de ese municipio. Aquel atentado costó la vida a un jubilado que esperaba el autobús, Cecilio Gallego Alaminos, y a la niña de seis años Silvia Martínez Santiago, hija de un agente del instituto armado.
Precisamente, la primera diligencia que ordenó el magistrado tras resucitar este sumario 9/2002 fue ordenar a los servicios antiterroristas de la Policía y la Guardia Civil que recaben «cuantos datos obren en su poder que permitan relacionar» a los seis exjefe etarras que señala Dignidad y Justicia con aquel atentado por el que fueron ya condenados en 2012 a 843 años los terroristas Óscar Celarain y Andoni Otegi, autores materiales de la colocación del vehículo embutido en explosivos.
Tras abrir diligencias este mismo mes de marzo y obtener el apoyo de la Fiscalía para reabrir esta investigación, el magistrado del juzgado central de instrucción número 6 del tribunal de la calle Génova reactivó este caso siguiendo la tesis que está impulsando Dignidad y Justicia de proceder penalmente contra el «autor detrás del autor». O lo que es lo mismo, perseguir a los cabecillas por ser los autores intelectuales de los atentados o por no haber impedido esos asesinatos.