Un juez investiga si Rusia podría estar detrás del «Tsunami Democrático»
El magistrado sigue la pista de los contactos del independentismo para que Moscú apoyara el ‘procés’
La plana mayor del independentismo, con Puigdemont, Cuixart, Aragonès y Oriol. QUIQUE GARCÍA
La investigación del llamado caso Volhov vuelve a desvelar nuevos intentos por parte del entorno de Puigdemont de estrechar lazos con dirigentes rusos para buscar el apoyo del Kremlin a la independencia.
De acuerdo al informe que la Guardia Civil ha entregado al juez Aguirre, el jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, estableció contactos con un empresario ruso, a quien la justicia española denegó la nacionalidad española por su presunta vinculación con los servicios secretos rusos.
Las conversaciones entre Alay y el supuesto espía ruso abordan un negocio de venta de gas o petróleo de una empresa rusa a otra china y las maniobras para que este empresario ruso fuera nombrado embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona, pues «abre muchas cosas en Moscú», según recoge el informe policial.
El empresario, que llegó a reunirse con Puigdemont, habría mantenido además contactos con algunos líderes del crimen organizado ruso.
Según publicó ayer The New York Times , Alay se reunió con funcionarios rusos y con exagentes de inteligencia. El objetivo era garantizar la ayuda rusa para lograr la independencia. Estos movimientos son conocidos como la trama rusa del ‘procés’, que los dirigentes secesionistas siempre han negado. Dimitrenko hizo además negocios con otro empresario, Artem Lukoyaniuv, hijo adoptivo de un exasesor de Vladimir Putin. El juez Aguirre pide ahora que se investigue esta vía, a pesar de que la Fiscalía se ha mostrado en contra.
El diario norteamericano hace mención a un informe de inteligencia europeo, en el que se señala que algunos de los funcionarios con los que Alay se reunió en Moscú están «involucrados en lo que se ha conocido como la guerra híbrida del Kremlin contra Occidente». Una estrategia de desestabilización política, que emplea propaganda y desinformación, que podría estar detrás de la creación del movimiento ‘Tsunami Democrático’, del que aún hoy se desconoce quién fue su impulsor y que protagonizó una protesta muy contundente tras la sentencia del ‘procés’, al lograr ocupar el aeropuerto del Prat. De momento, la Fiscalía se opone a la intención del juez de Barcelona de enviar a la Audiencia Nacional la investigación de este caso en relación a «Tsunami Democrático».
En el independentismo siempre han apuntado que cualquier insinuación de Puigdemont buscaba apoyo ruso para la secesión de Cataluña en 2017 era una historia inventada por Madrid y la Guardia Civil. Hace un año, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó de «falsa» y «carente de pruebas» la presunta injerencia en Cataluña y ha criticó a los medios por «creer en semejantes ‘fake news’».
Un comunicado remitido por la oficina del expresidente de la Generalitat salió al paso ayer de «las informaciones aparecidas», que tienen como «fundamento» un informe de la Guardia Civil, que está «lleno de falsedades, incongruencias e intoxicaciones». «El único objetivo del informe es criminalizar y desprestigiar el independentismo catalán ante la comunidad internacional, presentándolo como un elemento desestabilizador», afirmó.
A su juicio, «las filtraciones descontextualizan la realidad». «Existen muchos otros mensajes sobre situaciones políticas en otros países que se omiten intencionadamente», ha apuntado. «La revelación de conversaciones privadas, que no tienen nada que ver con un delito, es un instrumento más de la guerra sucia que el Estado Español practica contra Cataluña», arremete. Todas las actividades internacionales de la oficina del expresidente Puigdemont, del jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, y de su equipo jurídico, con Gonzalo Boye al frente «son perfectamente legales», insiste.