El juez Pablo Ruz sospecha que el PP pudo cometer delito fiscal en 2008

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha puesto en el punto de mira la posible responsabilidad delictiva del PP en el impuesto de sociedades del ejercicio de 2008. Un año que penalmente no habría prescrito en la causa que investiga sobre la supuesta ‘caja B’ de los populares, que controlaban los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, según la investigación.

El instructor ordenó ayer una batería de diligencias para apuntalar si hubo delito fiscal en 2008, después de recibir un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, que conserva indicios objetivos de fraude en la compra de la sede del PP de La Rioja.

Para ello los investigadores apuntan que el edificio se pudo pagar en parte con la ‘caja B’ del PP, después de que se confirmara la «indiciaria congruencia» entre el apunte contenido en los papeles de Bárcenas de 26 de mayo de 2008, que reza «Entrega La Rioja, 200.000 euros», y las cuentas oficiales del PP regional, donde aparece una transferencia recibida por la misma cantidad en junio de ese año.

Así, el juez Ruz hace suyo el informe de los peritos de la IGAE para concluir que existen «elementos objetivos» que otorgarían coherencia a las declaraciones de Bárcenas ante el juez del pasado 15 de julio, cuando reveló los detalles del funcionamiento de la ‘caja B’ y, entre ellos, el pago de 200.000 euros al PP de La Rioja para comprar su sede. Una cantidad que superaría la responsabilidad tributaria de 120.000 euros, «por lo que se debe proseguir la investigación».

Por el contrario, añade el auto, «no se ha encontrado reflejo contable, ni en la contabilidad de la sede central ni en la de la sede regional de La Rioja, que ponga de manifiesto la existencia de alguna aportación» por la citada cantidad desde La Rioja a la sede central, como señaló Bárcenas.

El informe de la IGAE añade que se ha comprobado que existe en el libro mayor y en el libro diario de la sede regional del PP de La Rioja, con fecha 6 de octubre de 2008, la concesión de un préstamo de 120.000 euros y la compra de la sede por 300.000.

Se trata de cantidades que deberán aclarar en sede judicial, el próximo 5 de febrero, los apoderados de los populares riojanos en 2008, Carlos Cuevas Villoslada y Ana Elvira Martínez Martínez, así como la persona que en ese periodo ocupaba el cargo de gerente regional. Los tres acudirán en calidad de testigos.

Este viernes, tras recibir la noticia, defendieron que las cuentas de su partido son «limpias» y «transparentes» y que acudirán «encantados» a la Audiencia Nacional para aclarar todos los extremos al instructor. En la actualidad, Cuevas es el secretario general y Martínez, la gerente.

En el mismo auto, y en línea con la búsqueda de pruebas para confirmar el delito fiscal en 2008, año en que la responsabilidad penal seguiría vigente, el juez citó a cuatro empresarios para declarar como testigos también el 5 de febrero, ya que sus nombres aparecen en los apuntes contables de Bárcenas ese año como supuestos donantes del PP.

Se tratan del presidente de Mercadona Juan José Roig, con un apunte a nombre de su empresa de 27 de febrero de 2008 de 150.000 euros; Pilar Pulido, directiva de ADS Brokers y vinculada a una supuesta entrega al PP de 36.000 euros el 20 de febrero de 2008; Luis Gálvez, de la empresa Ploder-Uiecesa y relacionado con una supuesta entrega el 22 de febrero de 2008 por 50.000 euros; y otra persona identificada como Adolfo S., vinculado a una presunta entrega el 30 de junio de 2008 por 10.000 euros.